¡Seis judicializados por contrato irregular de alimentos para el Ejército en el Cesar!

Seis individuos, incluyendo a exfuncionarios de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico y oficiales del Ejército Nacional, han sido judicializados por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato de suministro de alimentos para las Fuerzas Militares en el departamento del Cesar.

La Fiscalía General de la Nación destapó una serie de acciones ilegales en la ejecución de un contrato por 100 millones de pesos, firmado el 14 de junio de 2022, cuyo objetivo era proveer alimentos las Fuerzas Militares de esta zona.

Entre los imputados se encuentran William Díaz, exsecretario de Gobierno de La Jagua de Ibirico; Carlos Borrego, exjefe de contratación; el teniente coronel David Durán y el sargento viceprimero Ricardo García del Batallón Energético y Vial número 2; el teniente coronel Bernardo Rozzo, y el contratista Alfonso Rodríguez.

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Los cargos que enfrentan incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

La investigación reveló que se habrían omitido estudios previos y de mercadeo, lo que llevó a un contrato direccionado a un solo oferente sin las cotizaciones requeridas por ley. Además, se detectó una falta de supervisión por parte del secretario de Gobierno de la época.

Una de las irregularidades más flagrantes fue la firma de actas de recibo a satisfacción de los suministros por parte de comandantes del Ejército, utilizando planillas con nombres de soldados que en realidad se encontraban en situaciones administrativas como vacaciones o permisos, y que supuestamente habían recibido los alimentos. La Fiscalía estableció que estos formatos habrían sido diligenciados por un suboficial.

A pesar de que el objeto del contrato no se habría cumplido a cabalidad, el mismo fue pagado, terminado y liquidado.

Las capturas de los implicados se llevaron a cabo en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y La Jagua de Ibirico, tras una orden judicial. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en sus domicilios.