¡Atención! Dejan en firme el fallo de Hidroituango, y Fajardo y empresas contratistas tendrán que pagar los daños

La Contraloría General de la República dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal en Hidroituango, por $4.3 billones que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.

El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.

La sala determinó procedente la declaración de responsabilidad fiscal respecto a 26 personas naturales y jurídicas, entre las que se encuentra el precandidato presidencial Sergio Fajardo y empresas como Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa.

El fundamento de la Contraloría en Hidroituango

Para la Contraloría, las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de MÁS DE TRES BILLONES DE PESOS (exactamente $3.157.419.881.218,97) como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público.

Dichas circunstancias conllevaron a que se implementaran planes consecutivos de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos. lo que a su vez generó mayores inversiones durante el desarrollo de todo el proyecto. Del mismo modo, la pérdida de los recursos invertidos en la hidroeléctrica generó una merma en los recursos del Estado, como consecuencia del lucro cesante en cuantía de MÁS DE UN BILLÓN DE PESOS (exactamente $1.173.411.734.008,37) por la no entrada en operación en la fecha programada.

Estas dos cifras sumadas indican que la cuantía total del daño fiscal determinado es de CUATRO BILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.330.831.615.227,34).

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