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El Senado de la República, adelantaba un proceso, a través de Colombia Compra eficiente, donde adquirirían 10 mil tapabocas quirúrgicos por un valor de $180 millones para los senadores, así como funcionarios y contratistas.
La referencia que iban a comprar era la N95, muchos de estos usados únicamente por funcionarios del sector salud por ser más especializados y con filtros.
Debido a la controversia suscitada, no solo alrededor del costo de estos, pues su valor unitario sería de $18.000, y ante las críticas de que no están sesionando presencialmente, tuvieron que recular la decisión de compra.
Según argumentó Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, se optó por cancelar el proceso de compra ante “las observaciones presentadas”. Argumentó que la cantidad de tapabocas se estimó en el número de funcionarios y contratistas y su uso “de acuerdo con la reactivación progresiva de actividades presenciales, con una provisión de existencia hasta diciembre de 2020”.
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