Foto de archivo.
La Cuarta Brigada del Ejército Nacional anunció la entrada en vigencia de la Resolución 001 – 2026, emitida el 23 de febrero, que establece la suspensión general del porte de armas de fuego y armas traumáticas en 91 municipios de Antioquia.
La medida, que busca reforzar la seguridad y prevenir delitos, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y aplica tanto a personas naturales como jurídicas, salvo las excepciones previstas por la ley.
Alcance y objetivos de la medida
Entre los municipios afectados se encuentran importantes localidades del departamento, como Medellín, Envigado, Bello, Rionegro, La Ceja, Sabaneta, Itagüí, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Andes, entre otros. La resolución incluye tanto zonas urbanas como rurales, donde la circulación de armas representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía y puede agravar conflictos cotidianos.
El Ejército Nacional advirtió que los controles se intensificarán, y cualquier incumplimiento de la suspensión será sancionado con la incautación y decomiso del arma. La medida también refuerza la autoridad estatal en la región y busca desincentivar delitos asociados con armas de fuego, como homicidios, microtráfico y robos.
Excepciones y permisos especiales
Aunque la restricción es general, existen excepciones para personal activo de la Fuerza Pública, miembros de organismos de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada debidamente autorizadas. Quienes requieran portar armas por motivos excepcionales deben solicitar un permiso especial ante las autoridades competentes, un procedimiento riguroso que no garantiza su aprobación automática.
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La resolución también contempló un período de transición para los ciudadanos que contaban con permisos especiales emitidos bajo el Decreto 1556 de diciembre de 2024, prorrogando su vigencia hasta el 27 de febrero de 2026. A partir de esa fecha, cualquier portador de armas que no cumpla con la nueva norma se expone a sanciones legales.
Estrategia integral de seguridad
Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Nacional y la Cuarta Brigada para fortalecer la pacificación regional, reducir la violencia y retomar el control territorial en Antioquia. Según las autoridades, desde la implementación de medidas de restricción condicionada del porte de armas, se ha observado una tendencia decreciente en homicidios y lesiones causadas por armas de fuego, lo que evidencia la importancia de mantener estas acciones en zonas estratégicas.
La suspensión del porte de armas se complementa con otros controles de seguridad, presencia militar y acciones sociales, con el objetivo de ofrecer un ambiente más seguro para la ciudadanía y garantizar que el Estado sea el único garante de la fuerza legítima en el territorio.
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