Foto de archivo.
En un nuevo capítulo del escándalo UNGRD, la Fiscalía General de la Nación ha acusado formalmente a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Según la investigación, Ortiz habría actuado como intermediaria para entregar un soborno de $3.000 millones de pesos al ex-presidente del Senado, Iván Name. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 19 de noviembre.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron entre el 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá.
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En dos entregas separadas, Sandra Ortiz habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, un total de $3.000 millones de pesos en efectivo.
La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria transportó el dinero y lo entregó a Name, presuntamente para asegurar la aprobación de un contrato millonario de la entidad.
Las pruebas recogidas, que se basan en las declaraciones de López y Pinilla, indican que Ortiz tenía pleno conocimiento de que el dinero provenía de recursos públicos de la UNGRD y que su destino era el pago de coimas para el direcccionamiento de una orden de provisión. La investigación detalla que el soborno estaba vinculado a la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira.
Aunque Sandra Ortiz, quien permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, ha negado su participación en el entramado, la Fiscalía la considera una de las figuras clave en este plan criminal que desfalcó al Estado.
El caso continúa avanzando, y con esta acusación, se busca llevar a juicio a la exfuncionaria por su presunta participación en el escándalo UNGRD.
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