Foto tomada de redes sociales.
Minuto30.com .- Lo que muchos juristas y sectores de oposición calificaron como una amenaza, hoy empezó a tomar forma legal. Con la inscripción ante la Registraduría del comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia se asoma a un escenario de incertidumbre institucional que podría poner en jaque las garantías democráticas alcanzadas en las últimas tres décadas.
Bajo la bandera de un “poder constituyente”, el comité —integrado por figuras cercanas al actual Gobierno— busca recolectar 2.5 millones de firmas. Sin embargo, detrás de la narrativa de la “participación popular”, se esconden riesgos que tienen en alerta a los defensores de la separación de poderes.
1. El riesgo de la “caja de Pandora”
Expertos constitucionalistas advierten que convocar una Constituyente es abrir una caja de Pandora. En el momento en que se instale la Asamblea, esta adquiere un poder omnímodo que podría:
Eliminar contrapesos: Debilitar la independencia de las Cortes y los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría).
Cambiar las reglas de juego electoral: Abrir la puerta a la reelección o a la extensión de periodos presidenciales, algo que la actual Constitución prohíbe tajantemente.
2. Incertidumbre económica y fuga de capitales
En un momento donde la economía colombiana requiere estabilidad, la sola idea de cambiar la “Carta Magna” genera pánico en los mercados. La inversión extranjera se detiene ante la falta de seguridad jurídica. ¿Quién querrá invertir en un país cuyas leyes básicas pueden ser borradas de un plumazo por una asamblea de carácter político?
3. Un comité con sello oficialista
Llama la atención que entre los promotores figuren exfuncionarios como el exministro Carlos Alfonso Rosero. Esto refuerza la tesis de que no se trata de una iniciativa ciudadana espontánea, sino de una estrategia desde el poder para eludir la falta de mayorías en el Congreso, donde las reformas del Gobierno se han estancado por falta de consenso.
4. Polarización al límite
Recoger 2.5 millones de firmas no será solo un trámite administrativo; será el combustible para una confrontación social en las calles. En lugar de buscar acuerdos nacionales sobre temas urgentes como la seguridad y el empleo, el país se verá sumergido en una pelea ideológica por cambiar una Constitución que ya es considerada una de las más progresistas del mundo.
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