La Procuraduría General de la Nación advirtió al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, sobre el alto riesgo en que se encuentran las personas protegidas con los esquemas de seguridad asignados por esta unidad, cuyos funcionarios se encuentran en paro desde el pasado 30 de enero de 2023.
Mediante oficios dirigidos a sus despachos, el Ministerio Público les recordó que, de acuerdo con los estipulado en la Ley, la prestación del servicio de protección a sus beneficiarios no puede ser desmejorada ni interrumpida y solicitó se le informen las medidas de contingencia adoptadas frente a esta crisis.
“Se debe contar con planes de choque para reaccionar de manera inmediata y oportuna ante circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación efectiva del servicio de protección a cargo del Estado”, se asegura en la comunicación enviada por el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.
La Procuraduría advirtió que “de presentarse una situación que afecte los derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física de algún protegido por causa de la desmejora o interrupción en la prestación del servicio de protección”, se adelantarán las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar.
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