Foto sacada de redes sociales.
La Fiscalía General de la Nación radicó de manera formal el escrito de acusación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, llamándolo oficialmente a juicio por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
El proceso penal se concentra en las presuntas irregularidades que rodearon la adquisición del apartamento 901 en el edificio Entre Parques, ubicado en el norte de Bogotá, una transacción comercial que, según los investigadores, habría servido como fachada para un intercambio de favores e intereses particulares que involucran recursos del sector energético nacional.
Los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador señalan que el directivo adquirió el inmueble por un valor de $1.800 millones, a pesar de que su costo comercial real en el mercado estaba tasado en $2.727 millones.
Dicha transacción representó una rebaja cercana al 34%, equivalente a un beneficio económico de aproximadamente $927 millones.
De acuerdo con el expediente de la fiscalía delegada, el intermediario y garante del millonario descuento en cuotas y sin intereses fue el empresario Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado del Ejército con quien el alto funcionario mantenía un vínculo cercano previo a asumir la dirección de la estatal petrolera.
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La hipótesis del caso sostiene que, una vez posicionado en su cargo como la máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, Roa habría utilizado de manera indebida su posición dominante para retribuir el beneficio financiero recibido en el negocio inmobiliario.
La Fiscalía detalló que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el acusado ejerció presiones indebidas y dio instrucciones directas a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol —compañía filial de Ecopetrol—, con el objetivo de direccionar de forma irregular el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, localizado en La Guajira, hacia la firma Gaxi ESP SAS, propiedad de Mancera.
Durante las audiencias preliminares, el presidente de la estatal petrolera se declaró inocente de las conductas imputadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Por su parte, la defensa técnica calificó las acusaciones como confusas y cuestionó los argumentos que vinculan la compra del bien privado con una conducta punible.
Pese a la gravedad del llamado a juicio, el organismo investigador se abstuvo de solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad, razón por la cual Roa Barragán afrontará las siguientes etapas del proceso judicial en libertad, mientras el Centro de Servicios Judiciales define la fecha para la audiencia de sustentación de la acusación.
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