Regalías: Promesa hecha, promesa cumplida

Esta semana, después de año y medio de discusiones en el Congreso, se hará realidad una de las más importantes propuestas que desde el Centro Democrático expusimos en la campaña presidencial del 2018: devolverle los recursos de las regalías a las regiones productoras. Una reivindicación histórica que corrige el grave error que se cometió en 2011.

Comencemos desde el principio. Las regalías son la contraprestación económica que las empresas le deben pagar al País por la explotación de los recursos naturales no renovables. A diferencia de los impuestos, estas no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y, de hecho, conforman un presupuesto paralelo que tienen a disposición los municipios y departamentos para financiar proyectos de inversión.

Inicialmente la Constitución de 1991 había establecido un modelo de asignación de estos recursos que privilegiaba principalmente a aquellas regiones donde se realizan las actividades mineras, petroleras, etc. Sin embargo, tras 20 años de vigencia la inequidad que generaba este sistema saltaba a la vista, toda vez que el 80% de las regalías se lo apropiaba el 17% de la población.

Debido a esta razón, en 2011 se realizó una reforma constitucional donde, en palabras del entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, se “repartió la mermelada por toda la tostada”. Es decir, se buscó que estos recursos se asignaran de manera más paritaria entre todos los departamentos y que no solamente beneficiaran a las regiones productoras.

En inicio, este fue un gran avance para permitir que departamentos y municipios donde no se explotan recursos naturales también se beneficiaran de las regalías, de forma tal que tuvieran recursos disponibles para financiar proyectos de inversión que mejoraran la calidad de vida de sus habitantes.

El problema, es que en esa distribución la disminución de los recursos de las regiones productoras fue exagerada y ciertamente no logró compensar el alto impacto ambiental y social que conlleva la extracción de recursos naturales.

Por esta razón, desde hace año y medio en el Congreso hemos trabajado en dos proyectos que van de la mano y que hoy culminan en feliz término: la reforma constitucional al régimen de regalías y la ley que la desarrolla, con el objetivo de aumentar el monto de las asignaciones directas, es decir, los recursos que se les destina directamente a las regiones productoras.

En concreto, con estos cambios dichos departamentos y municipios pasarán de recibir el 11.2% de las regalías al 25%. Un aumento gracias al cual, por ejemplo, se estima que Antioquia durante el periodo 2021-2022 aumentará de $64.122 millones a $130.920 millones los recursos disponibles por concepto de las asignaciones directas. Un incremento del 104%.

Lo más importante de todo esto es que el mencionado incremento de los recursos a las regiones productoras no disminuye los montos que se destinan a los departamentos y municipios donde no se explotan recursos naturales, dado que los 13.8 puntos porcentuales de diferencia se obtienen de dejar de asignarle recursos al ahorro.

En principio, esta medida sería irresponsable, toda vez que sacrificaría el ahorro a largo plazo del sistema para promover la inversión en el corto plazo. No obstante, por ejemplo, a julio de 2020 los recursos disponibles en el Fondo de Ahorro y Estabilización ascendían a USD3.894 millones, unos $13.8 billones de pesos con la tasa de cambio actual.

Es decir, en los últimos 9 años se ha logrado consolidar un colchón de ahorro para nada despreciable que nos permite reasignar los porcentajes de distribución de aquí en adelante sin correr riesgos de los que después nos podríamos lamentar.

En política, como en la vida, la palabra empeñada debe tener la solidez de un acto notarial y las promesas hechas se deben cumplir. Hace dos años le propusimos a los colombianos aumentar los recursos de las regiones productoras y hoy, desde el Congreso de la República, honramos nuestro compromiso para subsanar un error histórico después de casi una década.