¿Reformar la JEP? No. Hay que acabarla

Reapareció Juan Manuel Santos, en el marco de un encuentro clandestino, en medio de una gélida noche capitalina, con los jefes de las Farc. La reunión tuvo lugar en un momento muy delicado de la historia de nuestro país: la arbitraria restricción de la libertad del presidente Uribe.

¡Claro que es sospechoso que Santos y Timochenko se reúnan, precisamente el día en el que la Corte Suprema reconoció haber perdido la competencia contra el expresidente! Para desgracia de nuestra democracia, desde siempre se ha dicho que uno de los acuerdos no escritos de La Habana fue, específicamente, la judicialización y encarcelamiento del presidente que con mayor legitimidad y compromiso combatió al terrorismo.

Para desviar la atención de la gravedad de esa cumbre del crimen, Santos salió al día siguiente a proponer una serie de reformas -consensuadas- a la JEP. En palabras suyas, ese tribunal resultó paquidérmico y no ha dado los resultados que espera la sociedad.

No está de más que hagamos un poquito de memoria. Uno de los elementos del acuerdo de La Habana que mayor indignación despertó en la ciudadanía fue el de la creación de un tribunal especial, prevalente y, digámoslo sin matices, hecho a la medida de las necesidades de las Farc. Una jurisdicción integrada por fiscales y magistrados de izquierda, proclives a justificar el accionar del terrorismo. Aquello es un detrimento de nuestra solidez democrática y republicana. El juez, en principio, debe exhibir una presunción de imparcialidad, algo que a los ojos de cualquier observador no sucede con la JEP.

Concurrimos a las urnas, ante un llamado democrático del gobierno de entonces que buscó, a través de un plebiscito, que los colombianos avalaran o no su acuerdo. No viene al caso repetir una vez más todo lo que hizo el oficialismo en materia de propaganda para invadir a los colombianos con la tesis de que votar por el NO, significaba votar por la guerra.

A pesar de la mala prensa, de las descalificaciones ruines, de las persecuciones y los montajes-prácticas en las que, debemos reconocerlo, Juan Manuel Santos y los suyos son unos maestros-, el NO ganó. El resultado fue impecable.

Y el gobierno, en vez de hacer exhibición de talante democrático, puso en marcha toda suerte de maniobras y artimañas que desembocaron en el desconocimiento de la jornada plebiscitaria.

Los colombianos no votamos en contra de la paz, pero sí nos opusimos a la creación de entramados de impunidad como la JEP. Claro que a los jefes terroristas y a los guerrilleros de la base que entreguen sus armas, hay que buscarles una solución a su situación jurídica, pero eso no puede significar la entrega de una absolución de facto como quedó acordada en La Habana.

Quienes más hablan y se quejan de la polarización que se registra en Colombia, son los mismos que participaron activamente en el robo del plebiscito.

Nadie tiene porqué mostrar sorpresa si la fracción mayoritaria de un país se radicaliza cuando su voz es arbitrariamente desconocida. Las reglas democráticas son sencillas. Cuando una opción política gana, el veredicto debe ser respetado. Y eso, en plata blanca, constituye un consenso, donde unos y otros cohabitan armónicamente, evitando plantear una ecuación de ‘vencedores’ y ‘vencidos’.

Es inaceptable que las Farc y el círculo santista sigan vendiendo la idea de que los culpables de la ‘polarización’, somos los que ganamos en franca lid. En pocas palabras, ellos nos robaron y nosotros terminamos debiéndoles.

La reforma que Santos propone a la JEP es un engaño más. Dice que debe construirse un consenso para introducir los ajustes que según él, son necesarios. Valga recordarle al complotista expresidente que ese consenso ya se configuró y se pronunció el 2 de octubre de 2016.

En consecuencia la única alternativa sensata, viable, pero sobre todo necesaria para sanar las heridas que tiene nuestra democracia, es la de proceder a la eliminación de la JEP para efectos de darle paso al diseño de una alternativa jurídica eficaz y que goce de legitimidad. Aquel mecanismo, por supuesto, debe partir de un presupuesto inamovible: en cualquier caso, debe haber algo de justicia, sobre todo en lo que se refiere a los delitos de lesa humanidad.

El país no soporta que criminales de guerra como ‘Timochenko’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Victoria Sanguino’, ‘Marcos Calarcá’ y otros se pavoneen por las calles, como si su mayor pecado hubiera sido el robo de unas manzanas.