Después de cuatro sesiones plenarias en las que los ánimos alcanzaron grados de ebullición y muchas intervenciones apuntaban al hundimiento del proyecto de ley, el Senado aprobó en segundo debate la reducción de salarios de congresistas y altos funcionarios del estado.
Sin embargo, como si se tratara de una competencia, en el último momento una proposición de artículo nuevo presentada por el senador Carlos Meissel del Centro Democrático, levantando las incompatibilidades laborales para congresistas y eliminando la dedicación exclusiva, podría sentenciar la muerte de la iniciativa.
Lo señalado por Meissel busca que, a través de una ley ordinaria como la promovida por el senador JP Hernández, se reforme la Constitución del 91 y los senadores y representantes, sin importar la profesión que tengan, puedan desempeñarse en su campo económico sin restricción distinta a no poder contratar con el Estado o desempeñar funciones públicas.
Los primeros comentarios, como el del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, señalan que de entrada la propuesta de Meissel respaldada por toda su bancada es inconstitucional, porque el régimen de incompatibilidades consagrados en la Carta del 91, solo puede modificarse con un acto legislativo y no por medio de una ley ordinaria.
La propuesta del congresista del Centro Democrático tuvo eco en varios parlamentarios que la ven como la oportunidad para desempeñarse en sus profesiones y devengar emolumentos acordes con sus niveles de gasto, como lo señala Miguel Uribe, quien asegura que no se viola ningún régimen de incompatibilidad y va más allá proponiendo que a los congresistas no se les pague.
JP Hernández, autor y ponente del proyecto, considera que la propuesta de los congresistas del Centro Democrático es otro intento por acabar con el trámite de la reducción de salarios y que la verdadera intención es viciar la iniciativa para que la tumbe la Corte Constitucional, sinembargo advirtió que hará todo lo que esté a su alcance porque en la cámara se elimine el artículo incluido de último momento por el senador Carlos Meissel.
El argumento de quienes defienden la eliminación de la exclusividad legislativa es que, si les van a quitar ingresos, les permitan compensar con trabajos privados sin que incurran en conflicto de intereses.
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