Foto de cortesía.
La orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump que incluyó al presidente Gustavo Petro y a miembros de su círculo cercano en la Lista Clinton (OFAC) obedece a una preocupación por los supuestos “beneficios” que la política de “Paz Total” estaría otorgando a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, según ha establecido El Espectador tras consultar fuentes involucradas en la decisión.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, justificó públicamente la medida, señalando que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”. Bessent agregó que la acción busca proteger a Estados Unidos y dejar claro que no tolerarán el tráfico de drogas.
Fuentes de los despachos estadounidenses aclararon a El Espectador que la orden ejecutiva no busca necesariamente designar a Petro y sus colaboradores como narcotraficantes directos, sino como “auspiciadores” o “ayudantes” de las redes criminales a través de decisiones ejecutivas.
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La Casa Blanca vincula directamente las políticas de “Paz Total” —que incluyeron ceses al fuego y suspensiones de órdenes de extradición— con el dramático aumento de los cultivos de hoja de coca (253.000 hectáreas) y el repunte del 53% en la producción de cocaína en 2023. Además, el gobierno de Trump ve con extrema preocupación la cercanía de la administración Petro con el régimen de Nicolás Maduro, señalado de estar detrás del Cartel de los Soles.
El alcance de las sanciones de la OFAC se extendió a la esposa del presidente, Verónica Alcocer, y al ministro del Interior, Armando Benedetti. En el caso de Alcocer, se explicó que la medida es rutinaria para cónyuges y familiares que podrían beneficiarse financieramente. No obstante, en el caso de Nicolás Petro Burgos, la inclusión tuvo mayor peso debido a la investigación en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ligado también al dossier de la financiación de la campaña de 2022.
El impacto financiero fue inmediato. El ministro Benedetti confirmó este lunes que la sanción le ha pegado “muy duro”: “Me bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que me cierren la cuenta”, reveló.
Mientras el Gobierno colombiano, a través de la UIAF, rechazó la Lista Clinton como una violación al debido proceso, Petro ha defendido su lucha contra el narcotráfico, aunque la administración Trump sostiene que las acciones ejecutivas del presidente han incentivado, en la práctica, el crimen organizado.
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