¡Qué piedra! Condenan a hombre que estafó a más de 1.500 personas pasándose como una fiducia

Con base en el contundente material probatorio y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá condenó a David Wigoda Rinzler, un hombre propietario de la empresa Factor Group, a 13 años de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, y estafa agravada en la modalidad de delito masa.

En la sentencia, el juez le negó al procesado los beneficios de libertad condicional y prisión domiciliaria. Además, ordenó su captura, en el entendido de que se encuentra prófugo de la justicia.

Esta persona, a través de Factor Group, ofreció altas ganancias mediante la supuesta compra y venta de títulos valores. Sin embargo, un fiscal de la Unidad de delitos contra la Fe Pública y el Orden Económico de la Seccional de Bogotá demostró que, con estas inversiones, fueron estafadas más de 1.557 personas, por una cuantía de 143.000 millones de pesos.

Este andamiaje ilegal, que era presentado como un modelo de negocio fiduciario, en realidad fue un esquema de captación, ya que no se entregaron bienes ni servicios en retribución por el dinero que confiaron los clientes.

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El hombre y su empresa generaban credibilidad, pero todo era falso

Se estableció que la empresa enviaba a los correos electrónicos de los inversores aparentes movimientos rentables de capital, que no reflejaban la verdadera condición financiera de Factor Group. Igualmente, quedó acreditado en la investigación que los recursos obtenidos en los contratos de compra venta fueron trasladados a fideicomisos falsos.

En 2017, Lina María Vélez Restrepo, quien fungió como gerente comercial de Factor Group, fue condenada a una pena de 7 años y 8 meses de prisión; y Mónica Arbeláez Montoya, gerente administrativa de esta empresa, a 5 años y 3 meses. Las dos fueron halladas responsables de los delitos de estafa agravada en modalidad de delito masa, captación masiva y habitual de dineros, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Este proceso comenzó en 2011, cuando la Superintendencia Financiera alertó sobre la forma en la que la citada firma venía captando dinero desde 2007.