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Pulso en Córdoba: Gobernador suspende clases y eventos por inundaciones, pero Alcalde de Planeta Rica se niega a parar las fiestas

El departamento de Córdoba atraviesa una de las crisis invernales más severas de los últimos años. Ante la magnitud de las inundaciones que han dejado a miles de personas sin techo, frazadas ni alimentos, el gobernador Erasmo Zuleta tomó medidas drásticas: mediante decreto, suspendió clases en colegios y prohibió todo evento masivo en el departamento.

Sin embargo, esta orden departamental chocó de frente con la postura del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle Cadavid, quien decidió mantener la agenda de festividades en su municipio, desatando una fuerte polémica regional.

La orden del Gobernador: «Primero la vida y la emergencia»

El gobernador Zuleta ha sido enfático en que la prioridad absoluta es la atención de los miles de damnificados. El fuerte torrencial no solo ha destruido viviendas, sino que ha colapsado vías y servicios básicos en múltiples municipios.

«He pedido respaldo al Gobierno Nacional para atender esta emergencia que desborda nuestras capacidades», afirmó el mandatario departamental al justificar la suspensión de actividades académicas y fiestas populares para concentrar los recursos de seguridad y rescate en las zonas críticas.

La respuesta de Planeta Rica: ¿Tradición o riesgo legal?

En una declaración que ha encendido el debate, el alcalde Ramón Calle Cadavid argumentó que en su jurisdicción no se ha declarado una «emergencia desbordada» que justifique cancelar las fiestas tradicionales.

Los argumentos del alcalde Calle:

Riesgo Jurídico: Afirma que suspender los contratos de las fiestas sin una base legal «extrema» podría acarrearle demandas millonarias al municipio.

Patrimonio Cultural: Sostiene que las fiestas son una tradición vital para la economía y la identidad de los planetarricenses.

Situación Local: Asegura que, aunque hay afectaciones, Planeta Rica no vive la misma tragedia que otros puntos del departamento.

¿Prevalece el decreto departamental?

La situación es jurídicamente compleja. Mientras el Gobernador emitió un decreto de orden público que prohíbe eventos masivos en todo el territorio de Córdoba para optimizar la respuesta a la calamidad, el Alcalde insiste en su autonomía.

Mientras los mandatarios discuten, miles de familias cordobesas siguen bajo el agua, clamando por ayudas humanitarias. La infraestructura del departamento presenta daños significativos y los organismos de socorro están al límite de su capacidad.

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