El pasado 14 de abril se hundió en el Congreso el proyecto de ley que buscaba que los colombianos pudieran divorciarse libremente, solo con la voluntad de una de las partes.
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Con este retroceso, el proceso de divorcio sigue siendo tortuoso, pues la pareja está obligada a acudir ante un juez para demostrar con pruebas, una de las nueve causales para que puedan divorciarse.
Con este proyecto se pretendía añadir una décima causal: La intención de alguna de las partes para disolver el matrimonio sin necesidad de que un juez interviniera para indagar sobre las causas de la decisión.
“Es una lástima que el Congreso siga negándoles las libertades a los colombianos. Debemos avanzar y dejar atrás ese concepto retrógrado que el Estado puede meterse en la vida privada de las personas y decirles cuándo divorciarse, con quién casarse, cómo formar una familia, dónde tener a sus hijas e hijos, o cuánto deben sufrir si tienen una enfermedad terminal”, dijo el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri.
Con esta causal se buscaba que las parejas se ahorraran el incómodo momento de exponer situaciones difíciles ante un juez, tales como el maltrato, la infidelidad, el abuso de sustancias o del alcohol entre otros, para demostrar porque quería disolver la unión.
“Así como no se puede obligar a una persona a casarse, tampoco se le puede obligar a mantenerla en un matrimonio en contra de su voluntad. Desafortunadamente, aún en Colombia hay quienes insisten en que los proyectos en pro de las libertades individuales son una persecución religiosa. Y no, están muy equivocados. Los colombianos tenemos derecho a ser LIBRES DE VERDAD”, dijo Reyes Kuri.
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