La destitución del Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue ratificada en segunda instancia por la Procuraduría el pasado 26 de mayo.
El Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca, revocar la medida provisional que suspendió la ejecución de las decisiones adoptadas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y la Sala Disciplinaria, que sancionaron con destitución e inhabilidad por 10 años al gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo.
“La medida provisional adoptada por la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas en el auto admisorio de la acción de tutela interpuesta por el doctor Juan Carlos Abadía, carece de motivación y de fundamento jurídico, burla la función disciplinaria agraviando el ordenamiento y la moralidad pública”, precisó el ente disciplinario en un comunicado.
La Procuraduría planteó su inconformidad, argumentando “que no existe situación de urgencia que impida la gobernabilidad del citado departamento, dado que el Presidente de la República designó como Gobernador encargado a Víctor Manuel Salcedo, mediante Decreto 2061 del 8 de junio de 2010”.
El ente disciplinario concluyó en el comunicado, que la decisión adoptada “pone en riesgo el derecho fundamental de la comunidad y la ciudadanía del Valle del Cauca a elegir popularmente a su gobernador debido a que hasta el 30 de junio de 2010 subsiste el derecho de convocar a elecciones” y anunció que en defensa del Estado de derecho acudirá a todos los instrumentos jurídicos para garantizar la salvaguarda del principio de legalidad.
El documento de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura fue proferido el 10 de junio de 2010 e indicó que “el accionante solicita como medida provisional suspender la aplicación y ejecución de los fallos disciplinarios proferidos el 5 y el 25 de mayo de 2010, por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, respectivamente, dentro del proceso disciplinario IUS 2010 – 75976 implicado Juan Carlos Abadía Campo, a través del cual se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años”.
El texto, de cuatro puntos, también señaló: “Ofíciese al señor Presidente de la República, para que se abstenga de dar cumplimiento a los fallos a que se alude en el numeral anterior, para hacer efectiva la medida provisional que aquí se adopta”.
En este sentido, según la magistrada Carlina Varela, el Jefe de Estado, al ser notificado de la decisión, debe revocar el acto administrativo en virtud del cual nombró a Victor Manuel Salcedo como Gobernador encargado y restituir en el cargo a Juan Carlos Abadía, mientras se verifica si hubo violación de garantías dentro del proceso que determinó su destitución.
2017-03-15
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