Procuraduría rechaza actos de maltrato contra una menor en comunidad Emberá de Risaralda

La Procuraduría General de la Nación es respetuosa de la autonomía, costumbres y diversidad cultural de las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional; sin embargo, no podemos tolerar hechos de maltrato y violencia contra los niños, niñas y adolescentes indígenas.

El Ministerio Público tuvo conocimiento de unos crueles y degradantes casos de maltrato infantil en la comunidad Emberá del Resguardo Gitó Dokabú del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el que, al parecer unas menores de edad fueron atadas y suspendidas de sus manos con el objeto de propinarles, por parte de unos adultos pertenecientes a la comunidad, azotes en la parte inferior de sus cuerpos (cadera, glúteos, piernas y pies); conductas reprochable y que, sin lugar a dudas, trascienden el enfoque diferencial étnico y las violencias basadas en género, que se deben evitar en cualquier ámbito.

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En contexto de lo anterior, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer y la Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos adelantaron gestiones urgentes e inmediatas para garantizar los derechos fundamentales que le asisten a las menores de edad.

En coordinación con la Procuraduría Regional de Risaralda, se ordenó agencia especial al Procurador Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer inmediatamente se conoció del caso, para asegurar que los procesos que se adelanten a favor de las menores de edad se desarrollen de acuerdo con la ley y que se respeten sus derechos y garantías fundamentales.

El ente de control exhortó a las autoridades a adelantar una exhaustiva investigación, en aras de proteger a los niños, niñas y adolescentes indígenas, lo que sin lugar a dudas exige acciones afirmativas para materializar el imperativo de la prevalencia y respeto de los derechos fundamentales de los menores de edad protegidos por la Constitución Política y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de niñez, de los que hace parte el Estado Colombiano.

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