Procuraduría presenta informe sobre centros penitenciarios y carcelarios de Antioquia

Atendiendo la solicitud de intervención elevada por varios internos de las cárceles de Medellín (Antioquia) para verificar sus condiciones de salud, alimentación, hacinamiento y situación jurídica, entre otros aspectos, la Procuraduría General de la Nación hizo presencia en los establecimientos Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín – Pedregal COPED y EPMSC de Medellín – Bellavista.

Las visitas hechas a los centros de reclusión incluyeron entrevistas a los funcionarios del INPEC, profesionales de la salud junto con funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Bello y particulares que prestan los contratos de suministro y procesamiento de los alimentos.

Se observaron problemas de hacinamiento en la cárcel de Bellavista, que a juicio de la Procuraduría demandan una atención integral por los órganos involucrados, buscando que todos los aspectos que inciden en esta situación sean atendidos por “una política criminal coherente e informada por los principios del Estado Social de Derecho y la garantía de los Derechos Humanos”.

Se advirtieron varias diferencias entre los dos centros carcelarios visitados, pues Bellavista carece de varios servicios mientras que en el Pedregal, concretamente en la estructura 3 (ubicación del personal femenino), existen óptimas condiciones, la alimentación es buena y no hay hacinamiento.

Sin embargo, estos dos centros coinciden en la deficiente prestación de los servicios de salud. En ese sentido la Procuraduría hizo referencia a las fallas en la ejecución del contrato de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM).

Para el Ministerio Público es posible afirmar que “el Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal COPED se constituye en una propuesta para fomentar la prevención y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y una muestra de los esfuerzos del Gobierno Nacional destinados al cumplimiento de las normas, principios y estándares en materia de centros de reclusión, todo ello en base a la legislación nacional e internacional sobre el tratamiento de las medidas judiciales y administrativas y como garantía de la dignidad y el valor de ser humano de los reclusos”.

El resultado de estas visitas está consignado en un informe que describe la situación de estos dos establecimientos y señala las falencias y necesidades con el fin de generar las acciones que les permitan a los internos tener una mejor calidad de vida en procura de la defensa de sus derechos fundamentales.