Foto de archivo.
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal, sobre la contratación del servicio de alimentación en los centros penitenciarios El Pedregal (Medellín) y el COCUC (Cúcuta), donde se evidencian incumplimientos reiterados que presuntamente vulnerarían derechos humanos en materia de alimentación en conexidad con el derecho a la salud.
La interventoría de los contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en los citados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), relacionados con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados, una situación que impacta negativamente la salud física y mental de las más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
El Ministerio Público corrió traslado del informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la Procuraduría, con quienes trabaja articuladamente para aunar esfuerzos frente a las deficiencias en la alimentación, un servicio público esencial que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.
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