Foto de archivo
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias (2020), y a Jorge Enrique Liévano Ospina, en su calidad de gerente general de Metroparques, investigados por ampliar, sin justificación alguna, un contrato que tenía como objeto la conservación de jardines de la ciudad.
Inicialmente, el contrato, suscrito por $5.226.291.836, fue firmado por tres meses, desde el 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021, pero fue extendido hasta el 10 de junio del 2021 aduciendo que la ampliación del plazo se debió a las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para combatir los efectos del covid-19.
La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que las condiciones en las que se modificó el contrato, que llevaron a prorrogar el plazo, desconocieron los principios de la función administrativa como el de economía y el de eficacia.
El ente de control advirtió que la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los implicados como falta gravísima cometida con culpa gravísima.
El fallo de primera instancia puede ser apelado por los sancionados.
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