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La Procuraduría General de la Nación ordenó iniciar una indagación previa contra funcionarios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades encontradas en dos contratos firmados entre la entidad y el Ejército que tenía por objeto la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.
La Regional de Instrucción de Cundinamarca recibió información sobre una posible pérdida de recursos, producto de la suspensión de las labores de construcción de 36 casas que debían ser entregadas dentro de los nueves meses siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
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De igual manera, el Ministerio Público sostuvo que, al parecer, las obras se suspendieron en agosto, los negocios jurídicos se vencieron y no hay claridad sobre la utilización de los anticipos hechos en 2019 y 2021 por más de $2.000 millones, situación por la que se cobraron multas e iniciaron procesos sancionatorios por incumplimientos parciales.
La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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