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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, emitió una postura oficial frente a las acusaciones formuladas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, quien mediante el oficio PRS-239-2026 del pasado 18 de septiembre denunció ante la ciudadanía y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una supuesta afectación a la independencia e institucionalidad del tribunal debido a proyectos legislativos y presupuestales en curso.
De La Espriella rechazó de manera categórica el contenido y el tono del documento de la JEP, asegurando que su administración respeta los compromisos internacionales y que el debate presupuestal en el Congreso es el ejercicio legítimo de las facultades constitucionales del Estado. Según el jefe de Estado, la asignación de recursos debe responder a las capacidades reales de la nación y a las prioridades del país, y no únicamente a las solicitudes de cada entidad pública.
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Para argumentar que la JEP no atraviesa una «asfixia institucional», el mandatario presentó un balance de las asignaciones que ha recibido dicha jurisdicción desde su creación:
Inversión acumulada: Más de 3 billones de pesos recibidos del erario público desde el año 2018.
Presupuesto reciente: $777.069 millones asignados en 2025 y $744.659 millones ejecutados en 2026.
Proyección 2027: Frente a una solicitud de la JEP por $947.642 millones, el proyecto del Gobierno asignó $821.803 millones.
Gasto en nómina: Estimado en $404.477 millones únicamente para la vigencia de 2026.
Dentro de su pronunciamiento, De La Espriella cuestionó la relación costo-beneficio del tribunal, señalando que las primeras decisiones restaurativas se produjeron de forma tardía en 2025 y que los resultados judiciales no se compadecen con el tamaño del aparato burocrático. Asimismo, hizo referencia a la remuneración del propio magistrado Ramelli, indicando que su salario mensual pasó de unos 32 millones de pesos en 2018 a más de 55 millones como presidente del tribunal, acumulando ingresos estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos durante su gestión.
En lugar de continuar incrementando el presupuesto de la justicia especial, el jefe de Estado anunció que la prioridad fiscal de su Gobierno será el fortalecimiento de la Rama Judicial ordinaria. Argumentó que los juzgados y fiscalías del país enfrentan un represamiento masivo de procesos, infraestructura deficiente y escasez de recursos tecnológicos para atender los delitos de impacto diario sobre la ciudadanía general.
«No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos», concluyó el mandatario en su pronunciamiento, asegurando que la reasignación de partidas presupuestales responde a un ejercicio legítimo de gobierno e intimando a la JEP a rendir cuentas detalladas sobre su gestión antes de solicitar incrementos presupuestales.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026
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