Foto de archivo.
La Presidencia de la República radicó formalmente la impugnación contra el fallo de tutela que le ordenó al presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas públicas por la realización de un espacio de oración interreligioso, de corte judeocristiano, durante su acto de posesión llevado a cabo el pasado 7 de agosto en Cali.
A pesar de que el primer mandatario acató la medida durante su alocución oficial del domingo anterior, el equipo jurídico del Ejecutivo busca que la decisión sea revocada en segunda instancia por improcedente.
La defensa institucional argumenta que, tras la controversia por este rosariazo oficial, la persona que interpuso la acción judicial omitió el uso de los mecanismos ordinarios establecidos por la ley antes de acudir a la tutela.
De igual forma, el documento suscrito por la coordinación de la Gerencia de Defensa Judicial sostiene que el jefe de Estado no tuvo responsabilidad en la aprobación ni desarrollo del espacio espiritual, argumentando que la ceremonia correspondió a una sesión del Congreso de la República, corporación que modificó el orden del día e instaló los símbolos religiosos.
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En el texto elevado ante las autoridades judiciales se enfatiza que atribuirle al presidente decisiones colegiadas tomadas por la Rama Legislativa vulnera de manera directa el principio constitucional de separación de poderes.
Adicionalmente, la impugnación alega que las sentencias de la Corte Constitucional avalan la espiritualidad sin que esto signifique una adhesión formal a un credo en particular, buscando garantizar el pluralismo y respetando la libertad de conciencia del mandatario en eventos de carácter público.
Con esta acción legal posterior al polémico rosariazo de la posesión, el Gobierno Nacional pretende sienta un precedente jurídico sobre el alcance de las expresiones religiosas de los altos dignatarios y la delimitación de competencias entre las ramas del poder público en este tipo de actos solemnes.
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