En una rueda de prensa realizada el lunes 16 de diciembre de 2024, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comentó que uno de los temas tratados fue la posibilidad de suspender las operaciones militares ofensivas contra esta disidencia de las FARC.
Este grupo se separó de la estructura liderada por Iván Márquez y ha estado en conversaciones para concretar acuerdos de paz.
Uno de los puntos más destacados del encuentro fue el acuerdo sobre un plan piloto para sustituir los cultivos de coca en zonas clave como Nariño y Putumayo, áreas de fuerte presencia de la disidencia. Este acuerdo se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno para reducir las economías ilícitas en Colombia, siendo la sustitución de cultivos una de las medidas prioritarias.
El proceso de sustitución de los cultivos de coca, que abarcaría unas 3,000 hectáreas en estas dos regiones, empezará con un trabajo conjunto entre el Gobierno y las comunidades locales. Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos, destacó que este plan se implementará bajo los principios de la política de drogas del Gobierno, con un enfoque territorial y sostenible. Además, se asegurará que las comunidades no siembren nuevamente coca en las áreas donde se realice la sustitución.
En paralelo, el Gobierno está gestionando un decreto que suspendería las operaciones militares contra la disidencia, como parte de un acuerdo más amplio de desescalada del conflicto. Otty Patiño, quien participó en la rueda de prensa, señaló que esperan poder expedir este decreto antes de que termine el año.
Por su parte, los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han reafirmado su compromiso con un cese unilateral del fuego y se han comprometido a no realizar más acciones ofensivas contra la Fuerza Pública ni contra las comunidades. Este gesto, según el Gobierno, refuerza la voluntad de paz de la disidencia y abre la puerta a nuevos acuerdos en los próximos meses.
El proceso de paz con esta disidencia, que tiene presencia en varias regiones del país, también incluye compromisos de transformación territorial y participación política, aspectos clave en los diálogos que continuarán a lo largo del 2025.
A pesar de la voluntad de paz expresada por ambas partes, aún quedan dudas sobre la viabilidad y la implementación del plan, especialmente en lo que respecta a la monitoreación del cumplimiento de los acuerdos. El Gobierno se comprometió a seguir trabajando con las comunidades para garantizar que el proyecto avance de forma efectiva y sostenible.
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