Uno de los graves incidentes casi le cuesta la vida a Laura Villamil
Minuto30.com .- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de emitir una orden drástica que sacude el sector de la gastronomía y el entretenimiento en el país: el cierre inmediato de los icónicos restaurantes-bar “Andrés D.C.” en Bogotá y “Andrés Carne de Res” en Chía. La medida se debe a la detección de fallas críticas que representan un “peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores”.
Riesgos Inminentes: Fallas Eléctricas y de Gas Combustible.
La decisión de cierre surge tras inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025. Los profesionales de la SIC encontraron incumplimientos graves a los Reglamentos Técnicos (RETIE y el de Gas Combustible) en ambos establecimientos, propiedad de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.
Entre las deficiencias detectadas se encuentran conductores eléctricos expuestos, graves problemas en tableros de distribución, falta de sistemas de protección contra sobrecargas, y ausencia de ventilación adecuada en zonas con gas combustible. La SIC advierte que estas condiciones generan un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.
La orden administrativa obliga a la empresa a suspender de inmediato la prestación de todos los servicios y actividades económicas, incluyendo restaurante, bar, bailadero, preparación y venta de alimentos, y cualquier evento o espectáculo, mediante el cierre total de los locales de Chía y Bogotá.
Para que se levanten las medidas preventivas y puedan reabrir, la sociedad propietaria debe aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento total de los reglamentos técnicos aplicables y corregir al 100% las deficiencias encontradas, eliminando así los riesgos para los consumidores y trabajadores.
La SIC reitera que el estricto cumplimiento de estos reglamentos técnicos es un pilar fundamental para garantizar la seguridad. El incumplimiento de la orden de cierre o de los reglamentos técnicos podría acarrear multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (cerca de $2.600 millones de pesos colombianos en la proyección actual).
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