La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario, para el 15 de mayo, al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por un contrato firmado en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones de pesos, y que pretendía hacer un concierto en tiempos de pandemia, donde no podía ir público.
El órgano de control reprochó al mandatario departamental la inconveniencia de la suscripción del contrato 201, cuyo objeto era “apoyo a la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas en el departamento de Arauca (evento cultural municipio de Cravo Norte)”, al parecer sin tener en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada en Colombia por el covid-19, con lo que podría haber vulnerado el principio de planeación de la contratación estatal.
Para la Procuraduría, el gobernador podría haber desconocido o ignorado las herramientas legales para determinar la inconveniencia de celebrar el contrato, cuyo objeto no se relacionaba con la pandemia ocasionada por el virus covid-19, y por el contrario contemplaba la realización de un evento masivo que era de imposible ocurrencia durante los meses de marzo y abril, en razón a las medidas de cuarentena y aislamiento social adoptadas por el gobierno.
Se consideró la posible transgresión del principio de moralidad y eficacia de la función administrativa, toda vez que el objeto del contrato no era posible de ser ejecutado, como se evidenció en el acta de liquidación el 17 de abril de 2020.
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