Foto INPEC
En las últimas horas la Defensoría del Pueblo exigió mejorar las condiciones de alimentación de los reclusos de la cárcel El Pedregal de Medellín.
De acuerdo a las inspecciones realizadas por el Ministerio Público, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, hay incumplimiento en los horarios del suministro de los alimentos, les entregan poca cantidad y hay ausencia de calidad y seguridad en las raciones de entregadas.
La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento esta situación desde diciembre del año pasado a las direcciones del Inpec y de la Uspec, luego de múltiples quejas presentadas por los internos.
Sin embargo, las irregularidades no habrían sido solucionadas por el INPEC y ahora los reclusos estarían enfermando a causa de esto, presentando intoxicaciones y agravamiento de quienes tienen enfermedades preexistentes.
“En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para que sea solucionada inmediatamente la prestación del servicio óptimo de alimentación para las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los alimentos se estarían haciendo fuera del centro carcelario, por lo que hay demoras en su entrega.
Los equipos en terreno de la Defensoría han realizado en varias oportunidades la verificación de derechos humanos en el centro de reclusión, visitas en las que evidenciaron una flagrante vulneración del derecho fundamental a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión.
Así mismo, evidenciaron que el rancho de mediana seguridad, el cual está en el pabellón de mujeres, cuenta con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio, por lo que requiere su apertura inmediata.
“En febrero de este año, con base en nuestras visitas defensoriales, remitimos a la Corte Constitucional un informe sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario de Pedregal, entre ellos, la ausencia de la interventoría y supervisión en la ejecución del contrato de alimentos, en el que se evidencia cómo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no había adelantado acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio”, asegura Carlos Camargo Assis.
Ante esa situación, la Secretaría de Salud de Medellín clausuró el pasado 19 de marzo el rancho del pabellón de alta seguridad, que era el único lugar de preparación de alimentos que estaba en funcionamiento para las aproximadamente 3500 personas recluidas en el complejo carcelario.
“Requerimos, por lo tanto, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios implementen medidas urgentes para que sea garantizado, de manera efectiva, el servicio de alimentación en ese lugar de detención”, señala Camargo Assis.
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