Política Anti-Pobre

Gustavo Petro llegó al poder prometiendo justicia social, una transformación estructural para los más humildes. El gobierno celebra una caída en la pobreza monetaria que según el DANE en el 2024 cayo al 31,8 %, una disminución de 2,8 puntos frente al año anterior. En teoría, 1,27 millones de personas salieron de la pobreza, pero conviene matizar el entusiasmo. Porque si el cambio no se debe al gobierno, sino a factores externos, entonces estamos frente a un progreso accidental, no estructural. Lo logros causados por un déficit fiscal superior al 7% son poco probables que duren en el tiempo.

El propio DANE acusa que los subsidios gubernamentales no contribuyeron a la reducción de la pobreza. Es una afirmación demoledora: el sistema de protección social no solo fue insuficiente, sino ineficaz. En vez de enfocarnos en ayudar a los mas pobres, el temor es que las ayudas estén enfocadas en ayudar a simpatizantes estatales que no son los mas necesitados.

En campaña se prometió una renta básica universal de $500.000 mensuales. Sin embargo, la cobertura apenas llegó al 30% de los hogares pobres, con retrasos superiores a tres meses. A la fecha, más de 4 millones de personas que estaban cubiertas por Ingreso Solidario quedaron por fuera del sistema. Mientras tanto, la informalidad supera el 56 %, el desempleo se concentra en jóvenes y mujeres, y el gasto público en inversión social efectiva disminuyo en términos reales.

Se prometió el “perdón total de deudas del ICETEX”, pero lo que ocurrió fue una reestructuración parcial al 6% de los deudores. También se prometió un aumento histórico en cobertura universitaria, pero en universidades públicas apenas creció un 2,3%, mientras que la deserción subió por tercer año consecutivo. El Min Educación anunció en 2023 que entregaría 1.200 colegios nuevos o mejorados; a la fecha, según datos de FECODE, menos del 10% de esos proyectos están en funcionamiento.

La pobreza monetaria sigue siendo dramáticamente desigual. En zonas rurales, es del 42,5 %. La pobreza extrema rural, del 21,8 %. La reforma agraria, bandera central del discurso presidencial, también quedó en deuda. Aunque se prometió entregar 3 millones de hectáreas en cuatro años, apenas se han formalizado poco más de 160.000 hectáreas hasta mayo de 2025. A esto se suma que el programa de compras de tierras productivas esta plagado de inconsistencias. Las regiones más atrasadas de Colombia siguen recibiendo solo el 8,3% en inversión del presupuesto total. Los datos reflejan que el progreso no ha sido ni equitativo ni sostenido.

Se ofreció una revolución social que privilegia la narrativa sobre los resultados, el voluntarismo sobre la gestión, y la ideología sobre la evidencia. El gobierno podrá atribuirse el mérito, pero los datos cuentan otra historia. Hoy, ese precio lo están pagando en silencio desde los márgenes, sin empleos formales, educación de calidad, o servicios públicos eficientes. No creo que haya falta de voluntad: las malas ideas, con mala ejecución, simplemente no salen bien. Factores externos como el dinamismo de las remesas, el precio del oro, el precio del café y le economía global alivian los malos cimientos. Mientras sigamos confundiendo resultados con intenciones, seguiremos celebrando estadísticas sin resolver problemas.

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