La Justicia turca inició hoy un proceso que pide cadena perpetua para 35 hinchas del club de fútbol Besiktas de Estambul acusados de haber intentado derribar al gobierno durante las protestas que sacudieron Turquía en el verano de 2013.
A los enjuiciados, miembros de una emblemática barra del club, se les imputa haber liderado las protestas iniciadas en el parque de Gezi de Estambul, que se transformaron en la mayor ola de manifestaciones contra el entonces primer ministro y hoy presidente, Recep Tayyip Erdogan.
El auto de la acusación les atribuye “el propósito de derribar al gobierno legal turco por medios ilegales”, mediante la creación de una situación de inestabilidad.
A los líderes de la peña llamada cArsi se les imputan también cargos por “pertenencia a un grupo armado”, “resistencia a las autoridades públicas” y por “posesión de armas sin licencias”.
El Tribunal de Caglayan tuvo que cambiar esta mañana la sala prevista por una más grande ante los cerca de so millares de hinchas que acudieron a la Corte para seguir el proceso y apoyar a los acusados.
Las manifestaciones en Gezi, en la céntrica plaza Taksim de Estambul, comenzaron pacíficamente a fines de mayo de 2013, como una concentración para impedir que las excavadoras arrasaran el parque para construir un centro comercial.
Pero luego se convirtieron en una prolongada ola de protestas contra el gobierno de Erdogan que se extendió a otras ciudades y provocó incidentes violentos con las fuerzas del orden, en los que murieron doce personas, más de diez perdieron un ojo y más de mil resultaron heridas.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy el juicio contra los hinchas como un “flagrante mal uso” de la Justicia penal.
“Tachar de enemigos del Estado a unos aficionados de fútbol porque se adhirieron a una protesta pública es una parodia ridícula”, dijo Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW.
Subrayó que en la acusación de la Fiscalía no hay pruebas que apoyen las acusaciones de intento de derrocamiento del gobierno y que el caso nunca debió llegar a un tribunal.
En este sentido, instó al Fiscal a pedir la anulación “inmediata” del proceso judicial, según la nota.
Sinclair-Webb considera “alarmante” ver que la calificación de las protestas de Gezi como intento de derrocamiento del gobierno efectuadas por Erdogan hayan sido adoptadas por el fiscal como base de sus acusaciones”.
Ello revela – según la activista de HRW – “enormes presiones ejercidas por el gobierno sobre el sistema de justicia de Turquía”.
No se espera ninguna decisión de los jueces hoy, en la primera audiencia del caso. EFE
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