Piden a los candidatos presidenciales proteger la libertad de prensa en Colombia

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy la impunidad de la que gozan los crímenes cometidos contra los profesionales de la información y demandó a los candidatos a las elecciones presidenciales de este próximo domingo que protejan la libertad de prensa.

Su carta abierta a los cinco aspirantes se produjo semanas después de que el fotógrafo Esteban Vanegas fuera agredido en Medellín y detenido por las fuerzas del orden, acusado de atacar a la policía en las manifestaciones del Día del Trabajo del pasado primero de mayo.

A través de un vídeo grabado por el propio Vanegas se pudo comprobar la falsedad de las acusaciones y el propio director de la Policía colombiana, el general Rodolfo Palomino, se vio obligado a reconocer la «arbitrariedad por parte de los agentes que agredieron y detuvieron al fotógrafo».

Colombia, que ocupa el puesto 126 de los 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por la organización, ha registrado 19 asesinatos de periodistas relacionados con el ejercicio de su profesión en los últimos 12 años, recuerdan desde RSF.

De dichos asesinatos, sólo el caso de Efraín Alberto Varela Noriega, muerto en 2002, fue resuelto con la condena del autor del crimen a trece años de prisión.

RSF solicitó a Clara López, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos Calderón y Óscar Iván Zuluaga que, «en este delicado periodo electoral, hagan de la seguridad de los periodistas un punto prioritario».

Instó además a los candidatos a «considerar los asesinatos de periodistas crímenes de lesa humanidad imprescriptibles» para evitar que los ocurridos antes de 2000 prescriban después de 20 años, como ocurre actualmente y que permitirá que las muertes de los periodistas muertos en 1994 queden impunes este mismo año.

A pesar de que en muchos casos los reporteros alertan a las autoridades de peligro para su vida, pocas veces éstas toman medidas, lo que puede acabar de forma dramática, como en el caso de Yonni Stevens Caicedo, asesinado 7 meses después de recibir amenazas de muerte, recordó RSF.

La ONG también demandó una reforma de la legislación que permita eliminar las penas de prisión para los delitos de prensa y siga los modelos de Uruguay y Argentina, que abolieron la privación de libertad como castigo para los casos de calumnia, injuria y difamación.