Fotos sacadas de redes sociales.
El Consejo de Estado falló en favor de Joseba Mikel Grajales Jiménez, presidente de Keralty, conglomerado al que pertenece la EPS, y ordenó al presidente Petro rectificar las afirmaciones que había hecho en su contra durante una alocución presidencial.
El alto tribunal consideró que Petro vulneró los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y la libertad de circulación del empresario español. En consecuencia, deberá retractarse de expresiones como “crimen”, “criminal” y “debe irse”, pronunciadas el 15 de julio de 2025. La rectificación deberá realizarse en la siguiente alocución presidencial que se emita tras la notificación del fallo.
El presidente había señalado a Grajales de estar detrás de supuesta financiación de campañas políticas, además de calificarlo como responsable de un “crimen de lesa humanidad” en el marco de la crisis de la salud.
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Sin embargo, la decisión judicial subraya que no existe ninguna providencia administrativa o judicial que vincule directamente al empresario con esos hechos, lo que convierte las declaraciones en un exceso.
En su defensa, Petro sostuvo que sus palabras hacían parte de un debate político sobre el modelo de salud y que estaba amparado en la libertad de expresión. También argumentó que Grajales, como figura pública, debía soportar cuestionamientos en el marco del debate público.
No obstante, el Consejo de Estado fue claro: los pronunciamientos de un jefe de Estado no son opiniones cualquiera, sino actos con peso institucional que deben estar respaldados por información verificable. El fallo recordó que la alocución presidencial no es “una facultad omnímoda” y que siempre está limitada por el principio de legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Este nuevo episodio judicial fortalece la posición de Sanitas en su enfrentamiento con el gobierno nacional, luego de que la Corte Constitucional ya hubiera tumbado la intervención de la Supersalud contra la EPS.
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