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El Ministerio de Justicia de Portugal aprobó el pasado 28 de enero la solicitud de extradición presentada por Colombia contra Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Sin embargo, la decisión final dependía del fallo del Supremo Tribunal de Justicia portugués, que ya emitió un dictamen favorable.
Durante su visita a Villavicencio, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirmó que la respuesta definitiva sobre la extradición podría conocerse en un plazo de entre 80 y 100 días, permitiendo el traslado de Marín a Colombia para enfrentar los cargos en su contra.
La funcionaria explicó que el acusado intentó obtener asilo en Portugal, lo que ha retrasado su entrega. En este contexto, la Fiscalía General de la Nación ha gestionado dos procedimientos: la resolución de la extradición y la revisión de la solicitud de asilo presentada por Marín.
Desde su captura en diciembre de 2024, se han presentado dos peticiones de extradición: la primera a España y luego a Portugal, donde finalmente fue arrestado. Tras el rechazo de su solicitud de refugio, el proceso avanzó hasta la actual decisión judicial que permitirá su traslado a Colombia en los próximos meses.
Además del caso de Marín, la ministra Buitrago se refirió a la crisis de seguridad que afecta a diversas regiones del país. Expresó su preocupación por los recientes ataques contra la fuerza pública en departamentos como Cauca, Norte de Santander y Catatumbo, que han generado temor y desplazamientos en la población civil.
“El presidente ha sido claro en su rechazo a estos hechos y en su compromiso de enfrentar a los grupos criminales que no quieran acogerse a la paz. La Fuerza Pública tiene el mandato de proteger a la ciudadanía y garantizar el control del territorio”, enfatizó Buitrago.
Otro de los temas abordados por la ministra fue el seguimiento a la calidad de los alimentos entregados a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en las cárceles del país. Buitrago aseguró que el Ministerio de Justicia realiza monitoreos constantes en coordinación con el Inpec y la Procuraduría para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población carcelaria.
“Hemos remitido los casos con irregularidades a la Fiscalía General y la Contraloría, con el fin de que se investiguen las posibles anomalías en la contratación y distribución de alimentos en los centros penitenciarios”, afirmó la ministra.
Tras abordar estos temas, Buitrago participó en un encuentro con comunidades campesinas del Meta para socializar los resultados del Banco de Proyectos de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas. En el evento también estuvo presente Olivier Inizan, representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia.
En este espacio, se presentaron iniciativas dirigidas a reducir las vulnerabilidades que alimentan economías ilegales en municipios como Vistahermosa, La Macarena, Uribe, Mapiripán y Puerto Concordia.
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