Foto de archivo.
Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo y señalado como presunto líder de una red de contrabando, demandó al Estado colombiano y reclama una indemnización equivalente a 400 salarios mínimos, calculada en cerca de $700 millones, por los perjuicios que, según sostiene, le ocasionaron las órdenes de captura con fines de extradición emitidas en su contra.
El argumento de Papá Pitufo es que las actuaciones judiciales le habrían generado afectaciones emocionales y psicológicas, además de una presunta vulneración de su derecho al debido proceso.
La demanda fue presentada contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Marín enfrenta en Colombia una investigación por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, delitos por los que podría recibir una pena de hasta 27 años de prisión.
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El reparto de la indemnización solicitada contempla 100 salarios mínimos para Papa Pitufo por perjuicios morales, otros 100 por la supuesta afectación de su debido proceso y 50 para cada uno de sus familiares. El escrito menciona afectaciones como angustia, zozobra, dolor y sufrimiento.
Uno de los principales argumentos de la defensa cuestiona que la misma orden judicial haya servido para detenerlo en España, el 5 de abril de 2024, y posteriormente en Portugal, el 3 de diciembre del mismo año. Su abogado, William Mejía, sostiene que la libertad provisional concedida en España debía dejar sin efecto la orden emitida en Colombia.
Antes de acudir a la justicia administrativa, Papá Pitufo intentó conciliar con las entidades demandadas ante la Procuraduría General de la Nación. La diligencia terminó sin acuerdo el 20 de mayo de 2026.
Ahora, un juzgado administrativo de Bogotá deberá determinar si admite la demanda. Mientras tanto, Marín permanece en Portugal a la espera de decisiones relacionadas con su eventual extradición a Colombia.
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