Organismos de control advierten escasos avances en ajustes a política de atención y reparación a víctimas

En una carta conjunta enviada al Gobierno Nacional, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera; y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidieron dar una respuesta pronta y suficiente sobre los cambios posibles que se contemplan para la política de atención y reparación, como parte de la implementación del Acuerdo de paz.

La comunicación de las entidades de control estuvo dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez; a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Claudia Isabel González Sánchez, y la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, Yolanda Pinto Afanador.

En ella, contralor, defensor y procurador expresaron su “preocupación por la falta de claridad acerca de cómo serán incluidas las propuestas de las víctimas en la reforma a la política y los ajustes normativos a los que haya lugar, y por los escasos avances en el proceso de ajustes a la política pública, como lo establece el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC”.

Otra preocupación de las tres entidades y sus respectivos jefes es la referente a la financiación de la Política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre todo por los gastos que están incluidos en el marco del Acuerdo Final.

Para Maya, Negret y Carrillo, es necesario establecer cómo se formaliza la financiación en el nuevo escenario fiscal, para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.