Fotos sacadas de redes sociales.
Se registraron nuevos atentados contra torres eléctricas en los municipios de Yondó y San Roque, en el nordeste antioqueño, causando terror en las comunidades y alarma a las autoridades.
Los hechos se registraron en horas de la noche del pasado miércoles, 18 de junio, cuando varios residentes reportaron una fuerte detonación que cortó inmediatamente el suministro de energía en la vereda La Guinea en el municipio de Yolombó.
Las autoridades municipales optaron por esperar hasta el amanecer para verificar los daños, priorizando la seguridad del personal. Al alba, efectivos del Ejército Nacional y la Policía establecieron un perímetro de seguridad para descartar la presencia de artefactos adicionales en el área afectada.
Este incidente forma parte de una preocupante escalada de ataques contra la infraestructura eléctrica departamental.
Durante los últimos días, cuatro torres han sido objeto de sabotaje en diferentes municipios antioqueños, incluyendo Medellín y San Roque, evidenciando una coordinación que recuerda las tácticas empleadas históricamente por organizaciones subversivas.
En San Roque, personal de EPM descubrió cargas explosivas colocadas estratégicamente en las torres 93 y 94, donde afortunadamente solo una detonó parcialmente.
Las autoridades investigan la posible participación de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, vinculada al Clan del Golfo, que mantiene presencia irregular en esa zona.
El ataque en Yolombó ha sido preliminarmente atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, según informes de inteligencia.
El gobernador Andrés Julián manifestó su preocupación a través de redes sociales, calificando estos hechos como “un doloroso viaje al pasado” y criticando las políticas gubernamentales hacia estos grupos.
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El mandatario departamental enfatizó que el servicio eléctrico ya fue restablecido gracias a la intervención de EPM y el despliegue militar inmediato.
Afortunadamente, ninguno de estos ataques ha causado víctimas humanas.
Las fuerzas de seguridad intensificaron los patrullajes y controles en las vías de acceso a las zonas rurales, mientras las empresas de servicios públicos reforzaron la vigilancia de la infraestructura crítica.
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