Nidian, exalcaldesa de un resguardado indígena, fue capturada por corrupción

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la captura de Nidia Marizabel Becerra Marín, exalcaldesa del resguardado indígena Inga, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, quien está siendo investigada por un presunto delito de corrupción. La mujer, que ocupaba el cargo en 2018, es señalada de apropiarse de 130 millones de pesos destinados a la reconstrucción del acueducto de la comunidad indígena.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que, en su calidad de alcaldesa, Becerra Marín retiró el dinero de una cuenta bancaria de forma gradual, presuntamente utilizando cheques en los que aparecía su firma como titular de la cuenta. Este dinero debía ser utilizado para mejorar el acceso al agua potable en la comunidad, pero según las autoridades, la exalcaldesa nunca justificó en qué se gastaron los fondos.

En respuesta a los hechos, la Fiscalía imputó a Becerra Marín el delito de peculado por apropiación, al considerar que utilizó el dinero público de manera indebida y para fines distintos a los originalmente destinados. A pesar de la evidencia recolectada y los testimonios que apuntan a su culpabilidad, la exalcaldesa se declaró inocente durante la audiencia de imputación de cargos.

Las investigaciones también confirmaron que los fondos malversados fueron retirados mediante cheques y transferencias, lo que fue verificado a través de los extractos bancarios solicitados por la comunidad indígena al banco correspondiente. Este delito, contemplado en el artículo 397 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión que oscilan entre 8 y 23 años, además de una multa que podría ser equivalente al monto malversado, hasta un máximo de 50.000 salarios mínimos legales.

Becerra Marín fue detenida en el municipio de Orito, Putumayo, luego de emitirse una orden de captura en su contra. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer los detalles del caso y garantizar que se haga justicia.

Este caso ha puesto en evidencia una grave irregularidad en el manejo de recursos públicos y ha causado indignación en la comunidad local, que espera que las autoridades actúen con rigor para sancionar a los responsables de este presunto abuso de poder.

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