Muerte en primavera

Duras y parten el alma las cifras de menores de edad víctimas del actuar de la delincuencia en la ciudad de Medellín, mejor diría que en el territorio metropolitano, porque no debemos olvidar que alrededor de la capital se ha desarrollado, con todas sus consecuencias, un fuerte e incontenible fenómeno de conurbación con las poblaciones que le son colindantes.

Es una barbaridad que entre enero y julio del año que avanza se reporte el asesinato de cerca de 134 menores de edad, que encontraron la muerte en plena primavera, pero además que los delincuentes adultos se hagan a los servicios de adolescentes, es algo que debería promover la protesta social y acciones legislativas, policivas y administrativas tendientes a prevenir la ocurrencia de parecidas conductas entre la población, especialmente la vulnerable.

De un lado se hace necesario que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar despierte de su entumecimiento y adopte y desarrolle acciones invasivas dirigidas a la protección de la población juvenil y a sus familias, de tal suerte que se logre revertir al máximo el fenómeno de la delincuencia juvenil, de la naturaleza que fuere. No basta con aportarle Bienestarina a la población, mientras que las mentes acusan pudrimiento.

Entonces hay que ponerle ese oficio a la inútil y frondosa burocracia que tiene Bienestar Familiar, al igual que a los ingentes recursos monetarios que ese instituto tiene fuera de circulación en títulos de tesorería. No hay derecho a que los aportes parafiscales hayan ido a parar de esa manera al derrochador Estado central, para enjugar déficits y paliar toda clase de erosiones presupuestales.

De otro lado se impone revisar el monto de las penas que deban purgar los menores de edad incursos en violaciones a la ley penal, para incrementarlas, al igual que establecer la reclusión intra muros de los delincuentes juveniles, con parejo tratamiento de condenas bien severas para los determinadores de las conductas antisociales, sea durante las investigaciones y los juicios, como cuando de pagar las penas se trate y sin derecho a libertad condicional, ni rebajas de condenas, a ningún subrogado penal.

Si Colombia contara con política criminal, que no la tiene, cabría esperar que aquellas cosas estuviesen de años atrás vigentes en el ordenamiento jurídico. Mientras tanto cualquiera proposición en esos sentidos podría resultar estéril.

Pero no solamente Bienestar familiar y la ausencia de política criminal están en la trastienda de las anomalías. Desde luego que la insensibilidad de las autoridades locales, rayanas en el prevaricato, contribuye al despropósito de mantener ese estado de cosas que dañan y para siempre a los futuros ciudadanos. Por ejemplo, cabría preguntarle al alcalde de Medellín: ¿qué han hecho efectivamente las dos últimas administraciones, la suya y la del doctor Fajardo, para ponerle remedio al asunto? “Por sus frutos los conoceréis”, recuerda el evangelio.

Tiro al aire: así las cosas propongo votar por Luis Pérez Gutiérrez para alcalde, porque consta que ha sabido lidiar con éxito contra la delincuencia en Medellín. En Twitter: @franjagalvis