Foto de archivo y redes sociales.
La instrumentalización de comunidades indígenas es la denuncia que lanzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la llegada masiva de cerca de 500 personas en horas de la madrugada de este lunes 16 de marzo. Los manifestantes bloquearon el acceso al Centro Administrativo La Alpujarra, impidiendo el ingreso de funcionarios y ciudadanos a la sede de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía.
Lo que más inquieta al alcalde de Medellín no es la movilización en sí, sino una serie de inconsistencias que rodean los hechos: varios de los manifestantes, al ser abordados por periodistas, no supieron explicar por qué estaban allí ni cuáles eran las peticiones.
Inclusive, uno de ellos admitió ser oriundo de Tierralta, Córdoba, un departamento diferente al que supuestamente motivó la protesta, y aseguró que simplemente acataba ‘órdenes’.
El alcalde Gutiérrez no dudó en señalar lo que considera una operación política orquestada: «¿Ustedes creen que eso es gratis? Cada bus no baja de $12 millones de pesos, son 16 buses y llegaron con alimentación incluida».
Según los datos del mandatario, solo el traslado de los manifestantes representa una inversión que supera los $190 millones de pesos, sin contar la logística adicional.
Otro elemento que prendió las alarmas fue la presencia de alrededor de 180 menores de edad entre los manifestantes, una cifra que tanto la Personería como el Distrito consideran preocupante dadas las condiciones de salubridad y exposición climática en el espacio público.
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Gutiérrez fue cuidadoso en aclarar que su posición no apunta contra las comunidades: «Jamás vamos a estigmatizar a ninguna comunidad indígena ni a ninguna minoría. Lo que sí decimos es que todo esto no es casual», afirmó.
El mandatario también marcó un límite claro frente al bloqueo: advirtió que impedir el acceso de ciudadanos a trámites cotidianos como pasaportes, documentos o taquillas de la Alcaldía no puede convertirse en una situación indefinida.
«Tendremos que tomar decisiones en las próximas horas», advirtió, mientras confirmaba que se mantiene en contacto permanente con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Por otro lado, el mandatario dio a conocer que presuntamente las comunidades indígenas pidieron a la Gobernación $130 millones para movilizar una parte de los manifestantes hacia un punto específico de la ciudad, lo que profundiza los interrogantes sobre quién está detrás de la logística de la movilización.
Por ahora, la mesa de diálogo entre la minga y la Gobernación continúa activa, pero la brecha entre el discurso de los líderes y el desconocimiento de las movilizaciones sigue siendo el centro del debate en Medellín.
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