Foto: Gobernación de Antioquia
En un operativo llevado a cabo en la comuna 16 de Medellín, el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Antioquia logró incautar más de 236 mil cajetillas de cigarrillos que iban a ser comercializadas de manera ilegal en el departamento.
La acción fue coordinada por la Secretaría de Hacienda y se enfocó en detener la circulación de productos que carecían de la documentación legal y del pago de impuestos necesarios para su venta.
Según explicó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación, la aprehensión de estos productos representa un valor comercial superior a 1.260 millones de pesos. Además, señaló que con la venta de estas cajetillas de contrabando, el departamento habría dejado de percibir más de 1.100 millones de pesos por concepto de impuesto al consumo, recursos que son destinados a programas de inversión en sectores como salud, educación y deportes en Antioquia.
La funcionaria resaltó que este tipo de operativos no solo protege los ingresos de la administración pública, sino que también garantiza que los consumidores tengan acceso a productos legales, con las condiciones sanitarias y de seguridad requeridas.
“La compra de productos de contrabando representa un riesgo económico y de salud para los ciudadanos, además de afectar la legalidad del comercio en la región”, explicó Escobar Mejía.
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La Gobernación de Antioquia hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera únicamente productos legales y a los comerciantes para que verifiquen la documentación oficial y la estampilla de los productos que comercializan. La autoridad recordó que la venta de productos de contrabando puede conllevar sanciones administrativas y procesos legales que incluyen la aprehensión de los bienes.
Este operativo hace parte de la estrategia del departamento para combatir el contrabando y garantizar que los productos en circulación cumplan con la legalidad.
La incautación de 236 mil cajetillas busca reducir el impacto del comercio ilegal en los ciudadanos y en los recursos destinados a programas financiados con impuestos legales.
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