En medio de su intervención en la instalación del XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson realizado en Barranquilla, la procuradora general Margarita Cabello, se refirió a la migración irregular como un asunto transnacional.
La funcionaria pidió a los representantes de Panamá, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México trabajar mancomunadamente por los derechos humanos de los migrantes.
Margarita Cabello Blanco reiteró ante los Defensores del Pueblo de Iberoamérica, su preocupación frente a la crisis migratoria que viene afectando a todos los países de la región, principalmente por la alarmante vulneración de derechos humanos a esta población.
La jefe del Ministerio Público afirmó que, la grave situación aumenta por la permisividad de algunas autoridades en los controles migratorios, la existencia de alternativas ilegales y riesgosas a las que se ven obligados a recurrir los migrantes, escenarios que trascienden la jurisdicción de un solo país y que hace más difícil la prevención y erradicación de este fenómeno.
Ante este panorama, la Procuradora Cabello Blanco pidió a los representantes de las instituciones de derechos humanos de Panamá, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, insistir a sus respectivos gobiernos para la adopción de medidas que permitan una migración segura, regular y ordenada; y de manera paralela, combatir delitos trasnacionales derivados como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la inducción a la prostitución y el lavado de activos.
Así mismo, la procuradora precisó que los procesos de migración irregular e ilegal están siendo liderados como fuentes de ingresos ilícitas por grandes clanes y organizaciones al margen de la ley, por ser un fenómeno y un negocio ilegal con grandes rentabilidades, que pone en riesgo a la población, el medio ambiente y la seguridad, tanto nacional como hemisférica.
Finalmente, Cabello Blanco afirmó que la situación migratoria es un asunto prioritario para el ente de control, generando alertas y recomendaciones a las entidades del Estado, y enfatizó en la necesidad de fortalecer las estrategias para enfrentar los desafíos y proteger los derechos humanos de los habitantes de todos los países.
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