Más de $10 mil millones invertidos en puente en Otanche se habrían perdido por colapso de la obra

La Contraloría General de la República -CGR- reveló que el colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche (Boyacá), generó la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial.

El organismo de control fiscal señaló la responsabilidad que puede tener en esta situación el Fondo Adaptación, como entidad encargada del proyecto.

De acuerdo con la Contraloría, los contratos de obra e interventoría de este puente demandaron inversiones de $9.504 millones y $1.287 millones, respectivamente.

La CGR atendió una denuncia presentada por el Senador León Rigorberto Barón sobre el esatdo del puente y encontró que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502 millones 994 mil pesos.

Con estas cifras, el detrimento total llegaría a los $11.294 millones.

Errores de ingeniería estarían detrás del colapso de la estructura del puente, que afectó la mayor parte de los elementos estructurales. El organismo de control fiscal señaló fallas en diseño y en las revisiones de pre-construcción, que según la CGR pudieron haberse evitado con una correcta supervisión.

Para la Contraloría, el colapso se debió a un “fenómeno de remoción en masa local detectado en estudios anteriores que pudo haber sido controlado adecuadamente si se hubiera prestado la debida atención y se hubieran diseñado las obras, tanto del proyecto, como de mitigación de riesgo”.

“Era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización”, sentenció el organismo.

Colapsó a los tres meses

El puente vehicular de Quebrada Blanca fue entregado el 27 de febrero de 2017 y presentó colapso estructural tan solo tres meses después, en mayo.  Rcordó la CGR que antes de que la estructura colapsara, se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente, “lo cual era una clara señal de amenaza sobre la estructura del mismo”.

Sin embargo, no se realizaron gestiones que pudiesen prevenir o contrarrestar una amenaza. Tampoco se tuvieron en cuenta las condiciones geológicas de la zona, según denunció el organismo de control.

La Contraloría evidenció que “para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores”.

“Los estudios y diseños Fase III no cumplieron con la finalidad esperada, al no brindar un diseño que se ajustara a las condiciones y necesidades del sitio, situación que redundó en el colapso de la estructura”, aseguró la Contraloría en una comunicación enviada al director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá Durán.

Así las cosas, se habla de un presunto detrimento patrimonial que asciende a los $395 millones 807 mil pesos, en lo correspondiente al valor de los estudios y diseños.

La Contraloría también señaló un posible detrimento al erario por un valor de $107 millones 186 mil pesos, correspondiente al costo de la interventoría de los diseños del puente Quebrada Blanca.