Foto sacada de redes sociales.
La capital colombiana enfrenta una alarmante situación de seguridad ciudadana relacionada con su patrimonio arbóreo. Del millón de árboles que conforman el pulmón verde de Bogotá, aproximadamente 10.519 se encuentran en riesgo de caída ante la intensificación de las lluvias que azotan la ciudad durante las últimas semanas, según información recopilada por el concejal Rubén Torrado.
La localidad de Suba se posiciona como la zona más crítica, con más de 2.500 ejemplares arbóreos catalogados en condición de riesgo.
Esta situación resulta particularmente preocupante considerando que en diciembre de 2024, el Jardín Botánico de Bogotá suscribió un contrato por 727 millones de pesos destinado específicamente al manejo integral de los árboles en situación de riesgo. Dicho acuerdo contemplaba acciones fundamentales como diagnóstico técnico, poda preventiva, tala controlada cuando fuera necesario, recuperación de suelos afectados y la obligatoria plantación compensatoria.
Sin embargo, según lo denunciado por el concejal Rubén Torrado, transcurridos más de cuatro meses desde la firma del contrato, no existe evidencia pública ni reportes oficiales que confirmen el inicio de estas labores preventivas.
La responsabilidad del manejo arbóreo en Bogotá recae sobre cuatro entidades principales: la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas instituciones tienen el deber conjunto de identificar, intervenir y garantizar el mantenimiento adecuado del arbolado urbano.
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Durante los primeros meses de 2025, la ciudad ya ha registrado varios incidentes graves provocados por el desplome de árboles y ramas. Estos eventos han causado daños significativos a vehículos estacionados, viviendas particulares e infraestructura pública, llegando incluso a poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos.
Ante la crítica situación, Torrado hizo un llamado urgente a las entidades responsables para que activen protocolos de emergencia que permitan intervenir de manera prioritaria los ejemplares identificados con mayor nivel de riesgo, especialmente aquellos ubicados en zonas de alta concentración ciudadana o cercanos a infraestructura crítica.
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