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El escándalo por la “parranda” en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí dio un giro en las últimas horas tras las declaraciones de Alex Eduardo Díaz, representante de Nelson Velásquez. Según el mánager, el equipo del artista fue víctima de una confusión logística y administrativa, asegurando que nunca se planificó un concierto formal, sino una intervención breve que creían plenamente autorizada.
Díaz fue enfático en desmarcar al intérprete de vallenato de cualquier irregularidad. Según su versión, la llegada al centro penitenciario no tuvo las características de una gira o un evento masivo. “No fue un concierto, fueron unas canciones que el artista interpretó”, señaló, intentando bajarle el tono a la magnitud de la presentación que ha puesto en jaque la seguridad del INPEC.
El argumento central de la defensa se basa en tres puntos clave:
La legalidad aparente: El equipo del artista asegura que, al ingresar por los filtros oficiales y ver la infraestructura dispuesta, dieron por sentado que todos los permisos estaban en regla.
Falta de contacto con internos: Díaz afirma que la contratación se hizo a través de terceros y que en ningún momento hubo una negociación directa con los cabecillas de las estructuras criminales que allí se encuentran.
Cumplimiento de contrato: Para el mánager, el artista simplemente asistió a cumplir con un compromiso laboral, confiando en que el centro penitenciario era un entorno controlado por el Estado.
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A pesar de la insistencia de la defensa en que se trató de algo informal, las imágenes que circulan en redes sociales muestran una tarima y un sistema de sonido que contradicen la idea de una visita casual.
El Gobierno Nacional suspendió los diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, al considerar que la cárcel se convirtió en un escenario de privilegios inaceptables. Por ahora, mientras el INPEC investiga quién dio la orden de dejar pasar los instrumentos.
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