«En las zonas rurales no hay recursos ni presencia del Estado. La única opción que queda es raspar (cosechar) coca para ayudar a la familia. Así fue como empecé a involucrarme con el grupo». Human Rights Watch (2026)
Quien habla es un adolescente reclutado, citado por Human Rights Watch (2026) en su informe más reciente sobre el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. Releí esa frase varias veces, porque me entrecortó la respiración. No habla de ideología ni de guerra, sencillamente habla de hambre y de un Estado que no llegó. Y ahí el grupo armado, vio una oportunidad y sí llegó.
Escribo sobre ellos porque, cuando el debate público y político se llena de cifras generales, los niños desaparecen. Por eso me voy a quedar en un par departamentos, Cauca y Norte de Santander, con mi departamento, Antioquia, como tercer caso, del cual profundizare en futuras reflexiones; también dejaré una pregunta que me parece incómoda pero necesaria, porque alguien tiene que dejarla sobre la mesa y hoy, la curul que represento, me obliga a hacerla.
Human Rights Watch (2026), con datos de la Defensoría del Pueblo, contabiliza cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes reclutados desde 2021. La distribución deja a cualquiera sin aliento:
| Departamento | Casos desde 2021 | Casos en 2025 |
| Cauca | 850 (57 %) | 168 |
| Norte de Santander | 104 (6,9 %) | 17 |
| Antioquia | 98 (6,5 %) | 30 |
Fuente: Human Rights Watch (2026)
Más de la mitad de los casos del país están en un solo departamento. Solo 20 municipios concentran el 61 % de todos los casos y 14 de ellos están en el departamento del Cauca (HRW, 2026). En el primer semestre de 2026, Norte de Santander pasó al segundo lugar (La Opinión, 2026). Y ahí no se detiene esto, es más, se pone peor: UNICEF (2026) estima que el reclutamiento en Colombia se multiplicó por cuatro en cinco años y que un niño es reclutado cada 20 horas.
Detrás de esos números hay un perfil que debería quitarnos el sueño. Cerca del 40 % son niñas. Y casi la mitad son indígenas. Más del 30 % tiene entre 10 y 14 años. El 44 % fue captado por redes sociales como TikTok y Facebook y hay intermediarios civiles a quienes se pagan hasta 1.000 dólares por cada menor entregado (HRW, 2026). Hoy a un niño se le recluta con un anuncio de salario. Alguien lo ofrece, alguien lo transporta y alguien cobra por él.
Navegando por los datos de la JEP, todo esto me llevó a mirar hacia atrás. Si hoy los niños del Cauca y del Catatumbo siguen siendo reclutados, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con los que se llevaron antes?
El Caso 07 de la JEP investiga el reclutamiento de niños y niñas por las FARC-EP entre 1971 y 2016. Ha identificado 18.677 víctimas únicas en un universo provisional y ha acreditado a 9.854. De esas, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas (JEP, s. f.). Detengámonos en ese dato, pues de cada diez víctimas acreditadas, podemos decir que nueve son indígenas. Hoy, casi la mitad de los reclutados siguen siéndolo (HRW, 2026); es aquí donde me doy cuenta de que la víctima cambió de década, pero no de perfil.
Hasta aquí he citado cifras distintas de reclutamiento y podría parecer que me contradigo. No es así. Cada institución cuenta algo diferente y ninguna tiene un censo completo. Mirémoslo en detalle:
| Fuente | Periodo | Quién reclutó | Qué cuenta | Cifra |
| Comisión de la Verdad (2022) | 1990-2017 | Todos los actores (FARC-EP, el 75 %) | Casos documentados | 16.238 casos; universo estimado de 30.000 por subregistro |
| JEP, Caso 07 (s. f.) | 1971-2016 | Solo las FARC-EP | Víctimas únicas de un universo provisional, y las acreditadas ante la JEP | 18.677 identificadas; 9.854 acreditadas |
| Defensoría del Pueblo, vía HRW (2026) | Desde 2021 | Todos los grupos armados | Casos reportados a la Defensoría | Cerca de 1.500 |
Fuente: Elaboración propia
La cifra de la JEP es mayor que la atribuida a las FARC-EP por la Comisión porque la JEP mira un periodo más largo, desde 1971, con criterios propios y un universo que todavía es provisional. Las acreditadas son menos porque solo incluyen a quienes la Jurisdicción ha reconocido formalmente como víctimas del caso. La Comisión, por su parte, advierte que hay subregistro y por eso estima que el universo real puede llegar a 30.000. Todas son un piso, esto es, los niños que nunca fueron contados no aparecen en ninguna.
Como estas cifras no se pueden sumar ni restar, comparo lo único que sí se puede comparar, la proporción de cada departamento dentro del total de cada fuente. Para la Comisión, Meta concentraba el 18 %, Antioquia el 14 %, Guaviare el 7 %, Caquetá el 6 % y Cauca el 5 % (Comisión de la Verdad, 2022). Hoy, para la Defensoría, Cauca concentra el 57 % (HRW, 2026). Hay además un dato aún más elocuente: la Comisión documentó 838 víctimas en Cauca en 27 años, y la Defensoría registra 850 desde 2021, en unos cinco años. Las metodologías son distintas y la comparación no es exacta, pero el orden de magnitud sí lo es: lo que antes se acumuló durante casi tres décadas hoy se acumula en pocos años y en un solo departamento.
El 16 de septiembre de 2025 la JEP condenó a los siete últimos integrantes del Secretariado a ocho años de sanción propia por al menos 21.396 hechos victimizantes (JEP, 2025). El 18 de septiembre de 2026 se formalizó su ejecución, con duraciones que van de cinco a ocho años según el compareciente (El Tiempo, 2026a). Deben vivir en residencia fija, trabajar de 8 a. m. a 5 p. m., llevar monitoreo electrónico y no salir del país. Ninguno pasará un día en una cárcel ordinaria.
Seamos justos y objetivos con los hechos. No se habla de impunidad total, hay restricciones reales y trabajo restaurativo verificable, eso no se discute. Pero hagamos la cuenta matemática basica que hace una familia. Ocho años son 2.922 días. Repartidos entre 21.396 hechos, salen unos siete hechos por cada día de sanción, o lo que es lo mismo, unas tres horas por hecho. Sé que es una simplificación y que las sanciones son concurrentes. Es, sin embargo, la matemática con la que una víctima podría medir si la respuesta fue proporcional, mi pregunta es: Si secuestran a su hijo y nunca más lo vuelve a ver, ¿3 horas de castigo para el secuestrador le darían paz a su corazón?
Ahora la otra cuenta. Hoy, según HRW (2026), solo el 1 % de las denuncias por reclutamiento llega a investigación y el 0,2 % termina en condena. Solo se identificó una sentencia contra comandantes por ordenar reclutar niños. Es decir, quienes reclutaron ayer reciben entre cinco y ocho años sin cárcel ordinaria por otro delito, y quienes reclutan hoy casi no enfrentan ninguna consecuencia. Me pregunto qué mensaje recibe el reclutador de hoy.
Cuando se firmó el Acuerdo de 2016, a todos se nos prometió que las armas quedaban atrás. Pero la realidad fue que en demasiados territorios no fue así, el poder armado cambió de nombre y de estructura. Según HRW (2026), cerca del 74 % de los reclutamientos se atribuye a disidencias de las FARC. Aquí es importante ser precisos, porque quienes reclutan hoy no son quienes cumplen sanciones ahora. Son estructuras que rechazaron el Acuerdo o nacieron de sus grietas. Pero justamente por eso el punto es más grave, el Estado dejó vacíos y las mismas lógicas y las mismas víctimas volvieron a llenarlos.
Para mí, esos vacíos tienen consecuencias electorales que la Misión de Observación Electoral (MOE, 2026) midió. Para las pasadas elecciones presidenciales, clasificó 386 municipios con riesgo por factores de violencia, 139 de ellos en riesgo extremo (95 en 2022) y los incidentes violentos durante el calendario electoral pasaron de unos 1.300 a más de 3.100 (El Espectador, 2026). La Defensoría y la MOE documentaron en Cauca prácticas de control social como la carnetización de habitantes y restricciones a la actividad de campaña (El Espectador, 2026).
Aquí quiero ser cuidadoso, porque lo que voy a plantear es una pregunta, no una acusación.
Los hechos son estos. En la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, Cauca, el departamento con más reclutamiento de niños del país, votó 75,64 % por Iván Cepeda, con 585.479 votos, frente al 22,85 % de Abelardo de la Espriella, con 176.901 (Infobae, 2026; Colombia.com, 2026). Entre los municipios en riesgo extremo, Cepeda superó el 90 % en Jambaló (97,19 %), Toribío (93,69 %) y Argelia (90,76 %), todos en Cauca (El Tiempo, 2026b).
Entonces, ¿de qué sirve la pregunta? Sirve porque hay un dato que ninguna de esas cifras agregadas puede responder: ¿cómo votaron las zonas rurales, las de la zona 99, donde el control territorial armado es más fuerte, comparadas con las urbanas del mismo municipio? Ese detalle solo lo dan las actas E-14, mesa por mesa. Si en los municipios con más reclutamiento infantil los resultados rurales son atípicamente homogéneos, o muy distintos de los urbanos, o de lo que esas mismas mesas votaron en 2022, habría motivos para preguntarse por qué.
Según el archivo oficial de votación mesa a mesa del escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2026a), Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos en 85 de las 3.427 mesas del Cauca en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, es decir, en el 2,5 % de las mesas del departamento. Esta cifra fue presentada como un indicio de irregularidades en el debate público (El Colombiano, 2026). Ojo, y es que las mesas con votación unánime pasaron de 12 a 22 (zona 99) y 66 puestos de votación superaron el 90 % a favor del Pacto Histórico en ambas elecciones (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2022, 2026b). Una votación tan concentrada en territorios donde el mismo comportamiento se repite desde 2022 no es, por sí sola, quizá, prueba de fraude, pero si despierta en mi y en muchas personas múltiples interrogantes que ameritan mayor investigación y análisis.
Lo que sí sabemos es lo que dice la propia MOE y es que en territorios donde conviven dos, tres o cuatro estructuras armadas (El Espectador, 2026), ¿cuánta libertad real tiene un elector para votar por quien quiera? ¿Y cuánta tiene una comunidad donde quien manda es quien reclutó a los hijos de sus vecinos? No tengo la respuesta. Pero creo que un país que dice defender la democracia tiene la obligación de hacerse la pregunta y sobre todo, encontrar respuestas.
El modelo de justicia transicional es restaurativo y no se mide en años de celda, ya se nos ha explicado que las sanciones incluyen restricciones efectivas y trabajo verificado por la ONU, y que sin ese diseño no habría existido Acuerdo. Es un argumento respetable y merece una respuesta seria, no una consigna.
Pero mi pregunta sigue en pie y es la de las familias, si el modelo reparó, ¿por qué el reclutamiento se cuadruplicó en cinco años y se concentró en Cauca? Si disuadió, ¿por qué el 99,8 % de las denuncias por reclutar niños no termina en condena? Durante años se dijo que las víctimas estaban en el centro del Acuerdo. Un adolescente que raspa coca porque el Estado nunca llegó ha sido tratado más como cifra que como centro.
Colombia tiene derecho a preguntar cuánto de ese Acuerdo fue justicia y cuánto terminó siendo impunidad. Y los niños del Cauca y del Catatumbo tienen derecho a que la respuesta llegue antes de que sean, otra vez, un dato en la próxima estadística.
Colombia.com. (2026, 21 de junio). Resultados – Cauca – Segunda vuelta – Elecciones presidenciales Colombia 2026 [Preconteo]. https://www.colombia.com/elecciones/2026/resultados/segunda-vuelta.aspx?C=P2&D=11
Comisión de la Verdad. (2022). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
El Colombiano. (2026, 23 de junio). *Mesas con 100 % y votaciones quintuplicadas: los números ‘atípicos’ de Iván Cepeda*. Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/mesas-100-votaciones-quintuplicadas-n%C3%BAmeros-033507774.html
El Espectador. (2026). Elecciones 2026: Colombia elegirá presidente con más cifras de violencia, grupos armados y riesgo electoral. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/elecciones-2026-colombia-elige-presidente-con-altas-cifras-de-violencia-riesgo-electoral-y-grupos-armados-en-zonas-de-ubicacion/
El Tiempo. (2026a, 18 de septiembre). JEP formaliza sanción de entre 5 y 8 años al antiguo Secretariado de las Farc por secuestros: inician con la búsqueda de desaparecidos. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/jep-formaliza-ejecucion-de-la-sancion-al-antiguo-secretariado-de-las-farc-por-secuestros-inician-con-la-busqueda-de-desaparecidos-3587157
El Tiempo. (2026b, junio). Iván Cepeda ganó en 102 de los 139 municipios en riesgo extremo electoral en segunda vuelta: en 15 lo hizo con más del 90 por ciento de los votos. https://www.eltiempo.com/amp/politica/elecciones-colombia-2026/ivan-cepeda-gano-en-102-de-los-139-municipios-en-riesgo-extremo-electoral-en-segunda-vuelta-en-15-lo-hizo-con-mas-del-90-por-ciento-de-los-votos-3566209
El Tiempo. (2026c). En Cauca votó más gente y Cepeda ganó en todos los municipios, pero con porcentaje menor que Petro en 2022; Abelardo sumó más que Fico y Rodolfo. https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/en-cauca-voto-mas-gente-y-cepeda-gano-en-todos-los-municipios-pero-con-porcentaje-menor-que-petro-en-2022-abelardo-sumo-mas-que-fico-y-rodolfo-3563494
Human Rights Watch. (2026, 24 de agosto). «Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá»: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. https://www.hrw.org/es/report/2026/08/24/pense-que-nunca-volveria-a-ver-a-mi-mama/reclutamiento-y-uso-de-ninos-ninas-y
Infobae. (2026, 22 de junio). Así votaron en los departamentos de Colombia: en cuáles ganó y perdió Abelardo de la Espriella, presidente electo. https://www.infobae.com/colombia/2026/06/22/asi-votaron-en-los-departamentos-de-colombia-en-cuales-gano-y-perdio-abelardo-de-la-espriella-presidente-electo/
Jurisdicción Especial para la Paz. (s. f.). Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso07.html
Jurisdicción Especial para la Paz. (2025, 16 de septiembre). El último Secretariado de las Farc-EP recibe la máxima Sanción Propia por los secuestros. Trabajará por 8 años en búsqueda de desaparecidas, acción contra minas, medio ambiente y reparación simbólica. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-dicta-su-primera-sentencia-por-los-secuestros-el-ultimo-secretariado-de-las-farc-ep-es-condenado-con-la-maxima-san.aspx
La Opinión. (2026, 31 de julio). Norte de Santander, entre las regiones más afectadas por el reclutamiento de menores. https://laopinion.co/region/norte-de-santander-entre-las-regiones-mas-afectadas-por-el-reclutamiento-de-menores
Misión de Observación Electoral. (2026, 13 de mayo). Actualización del mapa de riesgo por factores de violencia: elecciones presidenciales 2026. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2026/05/20260513-Actualizacion-MRE-Factores-Violencia-Presidencial-2026-Vf.pdf
UNICEF. (2026, 12 de febrero). Child recruitment and use by armed groups in Colombia quadruples over five years [Comunicado de prensa]. https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/child-recruitment-and-use-armed-groups-colombia-quadruples-over-five-years
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