El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo este miércoles un fuerte llamado a los funcionarios públicos del departamento de Sucre y de toda Colombia para que eviten incurrir en indebida participación en actos o controversias políticas, a propósito de la jornada electoral de este domingo para elegir presidente y vicepresidente de la República.
El jefe del Ministerio Público fue enfático en señalar que todos los funcionarios públicos, indiferentemente de su independencia para coincidir con cualquier propuesta política, están en la obligación de respetar la Ley de Garantías Electorales, que marca los límites en busca de transparencia electoral.
«Ni la función pública ni el presupuesto público pueden interferir la expresión de la voluntad del elector. Poner la función pública al servicio de x o y partido no lo podemos hacer los funcionarios públicos», manifestó.
El procurador general reveló que al órgano de control han llegado quejas, denuncias y reclamaciones de tipo electoral por parte de ambas fuerzas políticas en contienda. Insistió en que quienes ostentan investidura pública tienen prohibiciones que la Procuraduría hará respetar en ejercicio de sus funciones constitucionales.
«La Procuraduría ha recibido numerosas quejas de las dos campañas presidenciales. Existe un ambiente de hipersensibilidad (…) Parecería que algunos olvidan que existe la Ley de Garantías y que los ministros no pueden ser jefes de debate del señor presidente», puntualizó frente a hechos conocidos por la opinión pública.
El jefe del Ministerio Público recordó a la ciudadanía de Sincelejo las acciones de control y acompañamiento que la Procuraduría desplegará a nivel nacional y anunció que delegó a procuradores delegados de su entera confianza para ejercer función de vigilancia especial en Santander, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Quindío, Córdoba, Sucre y Chocó.
Pidió a cada uno de los colombianos denunciar los posibles actos de delitos electorales que se presenten en la jornada del domingo.
«Hemos desplegado 5 mil funcionarios por todo el país (…) Cuando se presenten atentados contra el derecho a la autonomía, deben acudir a la Procuraduría», concluyó.
2014-06-12
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