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Medellín se consolidó como epicentro de la lucha internacional contra la explotación sexual infantil tras convertirse en sede del Encuentro Internacional Operación Liberterra II, donde 30 países unieron fuerzas para desarticular redes criminales que atentan contra menores de edad y mujeres.
El alcalde Federico Gutiérrez no escatimó en palabras contundentes durante la inauguración del evento liderado por Interpol: “Vamos a perseguir por todo el mundo a quienes hacen daño a niñas, niños, adolescentes y mujeres”.
La declaración marca un precedente en la cooperación internacional para combatir estos delitos transfronterizos.
La capital antioqueña recibió a delegaciones de Estados Unidos, México, Francia, España, Brasil y otros países, junto a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El objetivo central es evaluar casos de explotación y trata de personas a escala global, mientras se fortalecen las estrategias investigativas.
Los resultados ya muestran impacto: desde la instalación de Interpol en Medellín durante 2024, se han ejecutado 39 retenciones internacionales con fines de extradición.
Además, operaciones como la Binacional WURDE permitieron capturar cinco ciudadanos solicitados en Austria e identificar 43 víctimas de explotación sexual en territorio europeo.
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Gutiérrez aprovechó para alertar sobre las modalidades de enganche utilizadas por estas organizaciones criminales: “Les pintan pajaritos en el aire, les prometen supersueldos en otros países, pero cuando llegan les retienen los pasaportes y quedan atrapados en redes de trata”.
El mandatario local también hizo un llamado especial a los padres de familia sobre los riesgos en redes sociales, donde los criminales contactan a potenciales víctimas prometiendo oportunidades laborales en el exterior.
La agenda académica y operativa se extiende por tres días, coincidiendo con el Mes contra la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes que se conmemora en septiembre.
La Fiscalía General y organismos de control participan en mesas de trabajo para establecer compromisos inmediatos en judicialización e investigación.
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