«Las inundaciones en Córdoba no fueron fortuitas»: Procuraduría exige respuestas a Irene Vélez, exdirectora del ANLA

Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El ente de control busca establecer su presunta responsabilidad en las fallas de control y seguimiento al proyecto hidroeléctrico Urrá, situación que derivó en graves inundaciones en la cuenca del río Sinú.

Una tragedia que «no fue inesperada»

Para el Ministerio Público, las inundaciones que afectaron a miles de personas en Córdoba no fueron un evento fortuito de la naturaleza. El pliego de cargos sugiere que los riesgos ya estaban plenamente identificados y que la emergencia sería la consecuencia directa de decisiones técnicas y administrativas que no se tomaron a tiempo.

La investigación señala que, al parecer, se le dio prioridad a la generación de energía y al beneficio económico por encima del control de los niveles de agua necesarios para prevenir desbordamientos, incumpliendo así las reglas básicas de manejo del embalse.

El «ventilador» alcanza a otras seis entidades

La decisión de la Procuraduría no se limita a la exdirectora de la ANLA; el proceso cobija a otros seis funcionarios y exfuncionarios de alto nivel vinculados a la supervisión del sistema energético y ambiental:

ANLA: Por presuntas demoras y falta de rigor en el seguimiento a las obligaciones ambientales del proyecto.

Superintendencia de Servicios Públicos: Se investiga por qué, teniendo información sobre los riesgos, no actuó con la celeridad requerida.

CVS (Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge): Por fallas en el control de intervenciones indebidas en zonas de humedales.

URRÁ S.A. E.S.P.: Por la operación presuntamente inadecuada de la represa y fallas en los sistemas de alerta temprana.

Fallas en los planes de emergencia

El ente de control cuestiona duramente la efectividad de los Planes de Gestión del Riesgo. Según el informe, hubo un manejo irregular de los niveles del embalse y se permitió el paso de agua por encima de los límites permitidos, sin que los sistemas de alerta funcionaran para avisar a las poblaciones ribereñas.

Irene Vélez y los demás implicados deberán presentar sus descargos ante la Procuraduría, mientras la entidad recolecta pruebas para determinar si hubo omisión de funciones o una extralimitación que puso en riesgo la vida y los bienes de los habitantes del departamento de Córdoba.