Las finanzas públicas y el campo

Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder. ¿Qué será entonces de los recursos para reconstruir? El Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, ofrece respuestas preocupantes sobre dos temas estratégicos: las finanzas públicas y el campo.

Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobierno era de $16 billones, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.

El déficit primario, la diferencia entre lo que se recibe y lo que se gasta sin servicio de la deuda, pasó del 0,3 % en 2023 al 3,4 % en 2025; es decir, que Petro gastó $63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4 % del PIB en 2025, el más alto en décadas, salvo el 7,8 % de 2020 por la pandemia, nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.

La deuda pública creció más de 360 billones y, concentrada en pesos con altas tasas de interés, solo en 2025 costó 105 billones. El problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber.

Y ahora el campo. Su recuperación es necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá de la persecución al delito. Por ello, frente a la difícil situación fiscal, no podría seguir en la lista de las cosas por hacer, cuando la producción agropecuaria tiene enorme potencial como factor de recuperación económica.

Durante cuatro años se habló de reforma agraria y millones de hectáreas. FEDEGÁN firmó con el Gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, esa compra y su distribución con proyectos productivos quedó enredada en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.

El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: la ANT le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y podían adjudicarse formalmente. Al finalizare el gobierno, el 56,2 % de las hectáreas reportadas como entregadas no tenían títulos.

Es grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia y mercados, una parcela modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza. De ahí deben partir los cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en fuente de ingreso y bienestar.

Colombia necesita empresas rurales rentables, aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos y para exportar. Necesita un Estado que facilite la creación de riqueza rural, para que el campo sea una parte sustancial de las soluciones.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

@jflafaurie