Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'. EFE/Archivo
Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. EFE/Archivo
Las FARC, que hacen tránsito para reincorporarse a la sociedad luego de dejar las armas, comenzarán mañana en Bogotá su congreso nacional, del que poco se sabe, y en el que deben transformarse en un partido político legal.
Al encuentro, que se prolongará hasta el 1 de septiembre, se espera que acudan centenares de delegados entre ellos representantes de asociaciones sociales y campesinas.
Los organizadores todavía no han facilitado la agenda, por lo que los cerca de 400 periodistas acreditados no conocen cómo será el funcionamiento o la dinámica de las reuniones.
Se presume que las presidirá el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, que volvió de Cuba tras sufrir graves problemas de salud.
El número dos de la guerrilla, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, adelantó que el nombre del partido será Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, por lo que mantendrían sus siglas.
Sin embargo, Londoño abrió una encuesta en Twitter para recoger sugerencias de cara a fijar un nombre para la colectividad de la que se sabe que tendrá candidatos para el Congreso pero no para la presidencia.
Sobrevuela por tanto un gran velo sobre el funcionamiento de un congreso que concentrará buena parte de la atención de Colombia y que se espera que comience a despejarse progresivamente.
El congreso de las FARC arranca en medio de una fuerte polvareda generada porque la guerrilla entregó a la Misión de la ONU en Colombia un listado de bienes que a juicio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, calificó de “irrelevante”.
Martínez exigió identificar “cabalmente los activos” de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.
La guerrilla afirmó hoy que el inventario de bienes entregado a la ONU con miras a reparar a las víctimas del conflicto en Colombia se hizo “con el máximo rigor posible” y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una “intención política” de entorpecer la implementación de la paz.
EFE
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