La violencia en Río se cobra la vida de 100 policías en lo que va del año

La grave crisis de violencia que afronta el estado de Río de Janeiro se agravó hoy con el asesinato del policía número 100 en los casi ocho meses de este año, una trágica estadística que muestra la “guerra” contra las bandas de narcotraficantes que azota la región.

Detrás del número cien está el nombre del sargento Fábio José Cavalcante e Sá de la Policía Militarizada, quien fue tiroteado en la mañana de este sábado por un grupo de armados en una tentativa de asalto, de acuerdo con las primeras investigaciones.

El suceso ocurrió en la Baixada Fluminense, una zona deprimida integrada por varios barrios vecinos a la ciudad de Río de Janeiro y en donde se han registrado más de un cuarto de los asesinatos contra agentes de esa institución hasta sumar un total de 27.

“Murió de un tiro de fusil en la cabeza”, lamentó el comandante general de la Policía Militar regional, Wolney Dias.

La noticia se ha convertido este año en algo habitual para el estado de Río que alberga en su territorio a 16,6 millones de personas, de las cuales una amplia mayoría vive en la turística capital fluminense y su región metropolitana, donde están los principales focos de violencia y hoy patrullan las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con un estudio reciente, la policía de Río de Janeiro, considerada la que “más mata y más muere” en el mundo, entierra a uno de sus miembros cada 57 horas, poco más de dos días.

Esta ola de violencia, desatada tras la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha generado una enorme conmoción social, pues, además de los cien policías muertos, varios niños y adolescentes han fallecido por las balas perdidas de los frecuentes tiroteos entre agentes y bandas de narcotraficantes que se dan en las favelas.

Desde que comenzó 2017, organizaciones civiles han contabilizado alrededor de 3.000 muertes violentas en todo el estado de Río, más del 15 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante este panorama desolador, el Gobierno del presidente Michel Temer autorizó la participación de unos 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de organismos de seguridad, quienes ya han llevado a cabo megaoperaciones y la perspectiva es que permanezcan hasta finales de 2018.

Por otro lado, el Gobierno de Río anunció esta semana la transferencia de los despachos a las calles de unos 3.000 policías militares y una reestructuración de las “Unidades de Policía Pacificadora” (UPP), instaladas desde 2008 para expulsar a los narcotraficantes de las favelas de la ciudad.

El deterioro en la seguridad pública, propiciado por una crisis económica asfixiante que ha provocado una menor presencia policial en las calles y el empobrecimiento general de la población, fue aprovechado por las bandas de narcotraficantes para volver a tomar el control de algunas zonas.

Según un documento confidencial de la Secretaria de Seguridad al que tuvo acceso el diario “Extra”, Río de Janeiro tiene 843 áreas controladas por bandas armadas.

En plena batalla por contener a estas facciones, las autoridades detuvieron en la víspera a Marcos José Carneiro, alias “Periquito” y considerado el principal proveedor de armas y drogas del Comando Vermelho, la mayor banda que opera en Río de Janeiro.

“En ningún lugar del país hay una guerra tan acentuada y permanente entre fracciones rivales de traficantes por el dominio del territorio. En ningún lugar del país hay tantas armas en manos de los criminales”, denunció Dias en una carta abierta publicada en la página web de la Policía Militarizada de Río.

“Un criminal portando un fusil de guerra y atacando a un policía debe ser tratado como terrorista”, añadió al tiempo que pidió un mayor control de las fronteras que evite la llegada al país de armas y drogas.

A las crisis económica y de violencia se suman los numerosos escándalos de corrupción destapados en la administración pública de Río de Janeiro y que han llevado a prisión a Anthony Garotinho y Sergio Cabral, dos de los gobernadores que ha tenido Río de Janeiro en los últimos quince años.

Carlos Meneses Sánchez/EFE